El agua del Colorado no se toca
Estrategia$
Lunes, 11 de noviembre de 2022
El 27 de octubre próximo pasado, uno de los medios impresos locales publicó una nota en la que el Gobierno de Baja California a través de su titular de Hacienda, Marco Moreno Mexía, dio a conocer que pretenden que Estados Unidos (EU) financie el costo de la planta desalinizadora que se instalará en Playas de Rosarito a cambio de entregar una parte de la cuota de agua que se recibe del Río Colorado.
Llamaron la atención la escaza difusión de la nota, pues la mayoría de los medios de comunicación no cubrieron ni dieron seguimiento al tema. Asimismo, la nula respuesta de los principales representantes políticos y sociales, ya que comprometer la disponibilidad futura de agua para el Valle de Mexicali y sus alrededores, lo menos que exige es total transparencia y la búsqueda de consensos con los posibles afectados.
En una democracia, los temas de gran trascendencia no pueden ni deben quedar en manos de un puñado de funcionarios cuyas intenciones (está demostrado) no siempre responden al bienestar de la sociedad.
El proyecto de construir desalinizadoras en la entidad nació durante la gestión del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid. En 2015, su administración licitó dos proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), siendo éstos el de Playas de Rosarito y el de Bahía de San Quintín. Al año siguiente dicha administración emitió ambos fallos. En el caso de la planta que nos ocupa, la Comisión Estatal del Agua firmó un contrato con la empresa denominada Aguas de Rosarito Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable donde se especifica que su duración será por un periodo de 40 años (3 años para diseño y construcción y 37 para operación y mantenimiento). Cumplido este plazo, las instalaciones pasarán al Estado y, en una primera etapa, la capacidad de producción será de 2.200 l/s.
En su momento, las condiciones contractuales fueron calificadas por muchos de leoninas, pues el gobierno se comprometió a comprar el equivalente a 173 millones de pesos mensuales de agua durante los próximos 37 años. También aceptó ser deudor solidario de los desarrolladores, asumir los riesgos financieros y las pérdidas que pudieran generarse. Además, accedió a que la empresa solicitara líneas de crédito sin tener que invertir recursos propios, todo con cargo al erario.
En 2020, el gobierno del exgobernador Jaime Bonilla canceló el contrato sin guardar las formas debidas. En respuesta, la empresa interpuso una demanda de pago ante instancias internacionales, situación que le tocó enfrentar al gobierno recién entrado de Marina del Pilar en 2021. Y si bien éste informó que logró posponer un fallo definitivo en contra, todo indica que los momios favorecen a la empresa frente a cualquier renegociación que logre.
La única manera en que el gobierno estatal pudiera salir airoso de este embrollo sería proceder judicialmente contra “Kiko” Vega así como sus allegados y demostrar que, efectivamente, el contrato de la desalinizadora se hizo en condiciones desventajosas derivadas de actos de corrupción. Con ello, procedería la nulidad del contrato. No obstante, como ya está visto, proceder penalmente contra funcionarios corruptos de alto nivel y sus contrapartes empresariales no está en el ADN de la 4T, aunque sí el cargar a la sociedad el costo de esas fechorías, tal y como sucedió con la línea 12 del metro de la Ciudad de México, entre otras.
Durante décadas, gobiernos de distintos colores se opusieron a cualquier intento de modificar la esencia del Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos firmado el 3 de febrero de 1944. Y es que se lograron beneficios difíciles de obtener de no ser por la guerra que se libraba en esos años. Si bien es cierto que durante su vigencia ha habido incumplimientos de ambas partes en cuanto a la entrega de los volúmenes pactados, las negociaciones para subsanarlos nunca habían puesto en riesgo los derechos adquiridos desde su firma. No obstante, la constante inobservancia de nuestro país respecto a entregas del Río Bravo, ha redundado en consentir condiciones que hoy ponen en riesgo futuros volúmenes del Colorado, tal y como algunos apreciamos en los acuerdos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) contenidos en las Actas 319 y 323 firmadas en 2012 y 2017, respectivamente.
No está por demás recordar, que el valor del agua ha sido y sigue siendo motivo de grandes negocios ilícitos a lo largo y ancho del país, por lo que sería ingenuo pensar que no puedan darse también en el ámbito internacional.
En este contexto, la postura del gobierno de Baja California de buscar un acuerdo para “vender” parte del agua dulce del Colorado que permita “financiar” la desaladora en Rosarito no sólo rebasa sus atribuciones, sino manda una señal de estar dispuesto a negociar agua a cambio de dinero sin importar que generaciones futuras paguen las consecuencias de su irresponsabilidad. EL gobierno puede argumentar todo lo que quiera, pero es un hecho que existen alternativas viables para hacerse de recursos financieros sin necesidad de arriesgar el Tratado, así como tampoco quitarles agua a los consumidores en Mexicali y su valle.
Por otra parte, hay que tener presente que los procesos de desalinización crean un producto inferior al agua dulce natural y que además de ser costosos, generan contaminantes difíciles de desechar. De aquí que la propuesta de una planta que permita exportar agua a EU sea otro factor crítico que debe revisarse. Más, cuando el pasado mes de mayo la Comisión Costera de California rechazó autorizar la construcción de una planta desalinizadora en la ciudad de Huntington Beach, proyecto que llevaba 20 años discutiéndose si se realizaba o no. Las razones para negar su ejecución fueron que la planta representaba el costo más elevado entre diversas alternativas (mismo que tendrían que pagar los consumidores), pérdida de vida marina por contaminación de salmuera y los impactos sobre las familias más pobres radicadas en la zona destinada a las instalaciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador recurrentemente acusa de traidores a la patria a quienes permitieron que las empresas extranjeras tuvieran acceso a los recursos energéticos y minerales del país. Cabría preguntarle: ¿Qué opina sobre quienes pretenden venderle nuestra agua del Colorado a EU?
Por el bien de generaciones futuras, los bajacalifornianos estamos obligados a decirle sin rodeos a nuestros políticos: “El agua del Colorado no se toca”.
Publicado en Monitor Económico de BC