Crear Municipios en época de crisis es una soberana estupidez
Miércoles, 16 de Diciembre de 2020
En mi opinión, municipalizar San Quintín (SQ) y San Felipe (SP) en esta época de crisis es una soberana estupidez. Si bien el calificativo es fuerte, es lo más decente que se me ocurre como respuesta al abuso de poder de una clase gobernante sin escrúpulos. Esto, al margen del pleno derecho que tienen los habitantes de estas regiones a que se tomen en cuenta sus demandas respecto a los bienes y servicios públicos que reciben. Pero hay que ser claros: el grueso de los promotores de estas iniciativas ha puesto su interés personal y de grupo por encima del bienestar de todos los bajacalifornianos, Y es que no existen elementos de peso que justifiquen esta acción.
En principio, hay que señalar que la Ley es muy clara. La creación de un municipio debe estar sustentada, entre otras cosas, por un estudio que demuestre su factibilidad. Si bien es cierto que en ambos casos se presentó un documento al respecto, ello no implica que se cumplió con los requisitos. En el caso concreto de San Felipe, al revisar el resumen ejecutivo del llamado “estudio”, concluyo que no cubre el mínimo necesario para calificar como de factibilidad. Un dictamen técnico sobre dicho trabajo no puede asignarle otro resultado que el de incompleto e insatisfactorio.
El interés por aumentar el número de municipios tiene su explicación en la ambición de la clase política bajacaliforniana por contar con más cargos públicos para repartirse. Si en verdad pretendieran cubrir las aspiraciones de los pobladores, existen otras vías que han omitido poner en las mesas de discusión. A manera de ejemplo, podrían revisar la legislación vigente en materia presupuestal para garantizar que los ayuntamientos destinen más apoyos a las Delegaciones municipales. Esto, tomando como base el tamaño de la población y otros indicadores que habría que definir. También podrían establecer nuevos criterios para que, en la designación de delegados, la población tenga participación directa.
Lejos de lo anterior, la desviada intención de esta Legislatura quedó de manifiesto a principios de año, al modificar la Ley para que la decisión sobre la creación de nuevos municipios quede circunscrita al resultado de una consulta entre los habitantes de la región a municipalizar y no, como la lógica exige, entre todos los asentados en el municipio afectado. En mi opinión, esta medida es inconstitucional, pues al repartirse el monto de las participaciones y aportaciones federales y estatales disponibles para gasto corriente entre más municipios, se violan derechos humanos fundamentales.
Lo absurdo del ajuste legislativo anterior quedó de manifiesto en los números relativos a la consulta ciudadana que se realizó este domingo en San Felipe. De acuerdo con datos dados a conocer a través de la prensa, participaron tan sólo 2 mil 152 habitantes, cifra equivalente al 16.4% de la lista nominal de electores. De éstos, 2 mil 117 votaron por sí a la municipalización mientras 35 por el no. De acuerdo con el IEEBC, en abril de 2019 el padrón electoral del municipio de Mexicali registraba 796 mil 447 personas. Así, con menos del 0.3% del electorado se pretende justificar una decisión contraria al bienestar de las mayorías.
Recientemente el alcalde de Ensenada¸ Armando Ayala Robles, dio a conocer que la creación de la estructura municipal de San Quintín tendrá un costo de 147 millones de pesos en 2021, siendo que sólo se generan ingresos por 17 millones, es decir, arrancará con un déficit de 125 millones de pesos (El Vigía 2020-11-20).
Como punto de comparación vale decir que Ayala Robles señaló que, en 2019 la inversión en las delegaciones de San Quintín, Vicente Guerrero, Punta Colonet, Camalú, San Vicente, Eréndira y El Rosario fue de poco más de 32. 3 millones de pesos (www.ensenada.gob.mx/?p=4958). Así, el costo de crear dicho municipio será casi 5 veces más de lo que se invirtió en todas las delegaciones del sur de Ensenada.
En este contexto, hay que destacar que los proponentes de crear nuevos municipios no han presentado argumentos sólidos que justifiquen hacerlo. En otras palabras, no han hecho un balance de los costos y beneficios sociales que habrá en el corto, mediano y largo plazos. Esto, pese a que la escasez de recursos para atender la infinidad de problemas que aquejan al país crece día a día. De aquí que tener a gobernantes que no miden el impacto negativo de sus ocurrencias políticas, no sólo es irónico, sino que exige una respuesta socialmente contundente para frenar lo que se ha convertido en otra forma de corrupción sin límite.
Las promesas de un verdadero cambio siguen pendientes. Por eso, debemos exigir a nuestros diputados y, en general, a toda la clase política de México tengan a bien gravarse la definición de corrupción para que no sigan con el cuento de que ahora son diferentes y honestos. Pueden empezar por revisar Wikipedia que señala que “La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.”