Bonilla: En Economía, Nada que Presumir

Estrategia$

Lunes, 2 de Noviembre de 2020

En su primer año de gobierno, Jaime Bonilla se quedó lejos de lo que se esperaba de una administración que, con mucha anticipación supo que recibiría un Estado con una perspectiva de crecimiento económico a la baja, amén de unas finanzas públicas en quiebra técnica. Y ante ello, en vez de preparar una estrategia clara y precisa para revertir la situación, optó por la vía fácil. En materia financiera “patea el bote” como se dice coloquialmente y, en cuanto a la economía, ha perdido el tiempo embistiendo a los sectores productivos. 

Con mayoría en el Congreso estatal del partido político que lo postuló para la gubernatura, lo conducente era promover una Ley que diera facilidad a ésta y a la administración siguiente, para poder llevar a cabo un plan de saneamiento financiero de mediano y largo plazos. Esto, con objeto de poner orden a unas finanzas que no dejan margen de maniobra para estimular la economía estatal. En vez de ello, concentraron en una sola dependencia a tres secretarías y cambiaron de nombre a otras, medidas que no pasan de ser cosméticas ante la presión de un gasto corriente excesivo. 

La insuficiencia imaginativa se resolvió con la adopción de una política de aumento y creación de nuevos impuestos. Sin mediar cabildeo alguno, el día último de diciembre el Congreso aprobó cambios a la Ley de Ingresos correspondiente a 2020 a sabiendas que, si bien podría resolverse el problema de caja de corto plazo, también habría efectos de bumerán que impactarían negativamente el crecimiento económico de la entidad y, por ende, a la misma recaudación que se busca incrementar. Esto, sin contar los efectos perniciosos que traería consigo Covid-19. 

Esta maniobra motivó la caída de confianza de los inversionistas privados, situación que se complicó al responder el Gobernador a los reclamos de éstos con un “…ya están chillando más que un puerco atorado en un cerco”. 

Con una consulta popular que dio como resultado cancelar una de las inversiones más importantes de los últimos años en Mexicali por parte de la cervecera Constellation Brands, no solo se evidenció un nulo compromiso para apoyar a los empresarios, sino sacaron a relucir su desprecio por el Estado de Derecho. El costo de indemnización que tendrá que desembolsarse por esta decisión no se sabe aún, pero algunos opinan que será entre uno y tres mil millones de dólares. 

A la fecha, el distanciamiento entre inversionistas y autoridades no cesa, tal y como lo demuestran las denuncias judiciales que han interpuesto varias empresas ante lo que consideran como prácticas de extorsión, los mecanismos utilizados para la recuperación de adeudos con el organismo estatal del agua. Al respecto, hay quienes piensan que la ilegalidad en dichos procedimientos significará que la próxima administración tenga que restituir la mayor parte de lo que recaude en esta forma, es decir, le dejarán un boquete financiero por un monto superior a mil quinientos millones de pesos, más lo que se acumule en los meses siguientes. 

Tampoco puede pasar desapercibida la autorización del Congreso para la renegociación de la deuda pública estatal, proceso que si bien puede considerarse como normal cuando las tasas de interés se modifican a la baja, dio lugar a un gasto cercano a 58 millones de pesos al contratarse a un despacho externo, siendo que esta labor debe ser parte de las tareas propias de quienes aceptaron responsabilizarse del manejo de la hacienda pública. Y más, cuando se compara el desembolso que representó con los poco más de 10 millones de pesos de liquidez que presumieron obtener como resultado de dicha renegociación. 

Otra acción motivo de controversia ha sido la creación del SAT estatal, organismo al que el sector empresarial y algunos colegios de contadores no sólo lo consideran innecesario, sino lo repudian como posible mecanismo de “terrorismo fiscal” al servicio del gobierno en turno. 

En general, si bien es cierto que la confianza de los inversionistas es dependiente de aspectos multifactoriales, también los es que es vital exista buen entendimiento y cooperación con todas las autoridades. De acuerdo con el índice que elabora la Coparmex en base a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Inegi (mismo que abarca un rango comprendido de 0 a 100 puntos, donde los valores por encima de 50 puntos dan señales de optimismo y, por debajo del mismo, representan pesimismo), al mes de septiembre próximo pasado el indicador para Baja California se ubicó en 23 puntos, cifra que contrasta con los 38 puntos registrados en noviembre del año pasado (mes en que Bonilla tomó posesión). 

En este contexto, era de esperar que el crecimiento de la economía estatal resultara seriamente afectado. Y así ha sido. De acuerdo con el Inegi, en el segundo trimestre de este año BC sufrió una contracción de 18.6% a tasa anual superando el 13.2% del segundo trimestre de 2009, hasta ese entonces la más aguda observada durante la Gran Recesión Económica Internacional. 

El pronóstico para este año es que Covid-19 impactará en una crisis para BC mayor a la de 2009, año en que el PIB retrocedió -10.9%. Y aunque el resultado finalmente no fuera tan devastador, el gobierno estatal seguramente aducirá (como no ha dejado de hacerlo hasta ahora) que hizo todo lo posible para mitigar dichos efectos. No obstante, hay que enfatizar desde ahora que no puede eludir su responsabilidad, pues se ha empeñado en sostener políticas fiscales y un ambiente de enfrentamiento con los empresarios, ejercicios opuestos para una pronta recuperación en épocas de crisis. Con ello, el gobierno estatal sale reprobado y no tiene nada que presumir.