Comentarios a la Ley de Ingresos de BC para 2020
Estrategia$
Domingo, 5 de Enero de 2020
A los políticos se les olvida que, tratándose de resultados
fiscales, la moneda tiene dos caras: por un lado, el ingreso y por otro, el
gasto. Así, cada vez que las finanzas públicas presentan déficit, sólo ven cómo
incrementar la recaudación en vez de hacer recortes al gasto para restablecer
equilibrio. Esto se repite una y otra vez, pese a las demandas de una sociedad
cansada de la corrupción y la impunidad que caracterizan el manejo de la
hacienda pública.
A lo largo de su campaña política por la Presidencia de la
República, Andrés Manuel López Obrador prometió que no elevaría los impuestos,
al menos en sus primeros tres años de gobierno. Y no se cansa de repetir que
ellos (Morena), son diferentes y que cumplirán sus compromisos bajo el
mandamiento de “No Robar, No Mentir y No Traccionar”. La Ley de Ingresos recién aprobada por la
mayoría morenista y aliados en el Congreso de Baja California, contradice la
postura del primer mandatario. Y es que
el Gobernador Jaime Bonilla, en su calidad de promovente, así como los
legisladores que votaron a favor del decreto y sus apéndices el pasado 31 de
diciembre (en un típico ejercicio antidemocrático conocido como fast track),
desconocieron con ello el bando presidencial. Dieron la espalda a los
bajacalifornianos, demostrando ser peores políticos respecto a quienes les
precedieron.
En general, el proceso que dio lugar a la mencionada ley
estuvo plagado de errores y omisiones, situación que deben analizar los
juristas para ver la procedencia de promover acciones que la reviertan.
Mientras, si bien es cierto que el gobierno estatal resuelve los problemas de
caja con los ajustes aprobados, también los es que tendrá efectos de bumerán al
impactar negativamente el crecimiento económico de la entidad. Paradójicamente, ello terminará por impactar la recaudación que se busca incrementar.
Es un hecho que el aumento de impuestos afecta negativamente
el crecimiento económico. De aquí que esta acción forme parte de lo que se
conoce como política fiscal restrictiva, al contribuir a la disminución de la
renta disponible de las familias (mismas que reducirán su consumo) y la
inversión como resultado de mayores costos para las empresas. La reducción de
ambos generalmente contribuye a disminuir la demanda agregada y, por ende, los precios. Esto a su vex, puede tener como efecto colateral una disminución del
empleo.
En el caso concreto que nos ocupa, se prevé que al no
realizarse un cabildeo previo que permitiera un consenso de aprobación con los
grupos de poder económico, repercuta en una caída de la confianza empresarial
en el Estado, misma que actualmente tiene el nivel más bajo para invertir entre
las entidades de la frontera norte. Esto, de acuerdo con el índice que elabora
la Coparmex en base a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
Al mes de octubre próximo pasado, en el caso de Baja
California, el indicador (mismo que abarca un rango comprendido entre 0 a 100
puntos y donde los valores por encima de 50 puntos dan señales de optimismo y,
por debajo del mismo, representan pesimismo) se situó en 38.5 puntos. Cifras de Inegi para noviembre apuntan a que
los indicadores de confianza empresarial continuaron cayendo.
También habrá un efecto de disminución en la confianza de
los consumidores, pues a éstos no se les anticipó una política de incrementos
impositivos a nivel local. Esto se reflejará en una fuga hacia el mercado
norteamericano, particularmente para cargar combustible. La semana pasada, el
precio promedio de éstos al tipo de cambio bancario era ligeramente menor al
prevaleciente en las principales ciudades de la entidad. El ajuste al IEPS y el
nuevo impuesto estatal a los combustibles, aunado a mejores condiciones de
precio del dólar en las casas de cambio, hará que el energético vuelva a ser un
atractivo para los consumidores nacionales.
En los hechos, todos los impuestos se trasladan al
consumidor final vía mecanismo de precios. El alza a los impuestos a la nómina,
a los combustibles, a los espectáculos, al hospedaje y la construcción, entre
otras alzas a locales y federales, provocará una espiral que pulverizará el
aumento al salario mínimo de 5% en la región. Así, no sólo disminuirá la confianza,
sino que afectará el bienestar de los más necesitados.
En los últimos cinco años, la economía de Baja California ha
registrado una baja consecutiva en su ritmo de expansión. Lejos han quedado
aquellos años en que fue la envidia nacional al registrar tasas superiores a
dos dígitos. Así, se aprecia que en el último lustro después de registrar un
crecimiento de 6.9% en 2015, bajó a 4.4% en 2016, a 3.2% en 2017, a 2.4% en
2018 y para 2019 se estima tuvo una expansión igual o menor a 1.5%.
El panorama nacional e internacional para el 2020 no es
halagüeño. En el mejor de los casos, la economía mundial crecerá a una tasa
similar a la de 2019, de cerca de 3.0%, aunque hay quienes vaticinan que estará
hasta medio punto abajo. En el ámbito nacional, si bien el gobierno federal
considera que se crecerá en un rango de 1.5 a 2.5% para un puntual de 2.0%, la
mayoría de los organismos internacionales, las calificadoras y los analistas
privados ven un resultado -a lo mucho- de 1.5%. No obstante, el consenso apunta
cada vez más a que sea de sólo 1%.
El gobierno de BC no hace proyecciones respecto al desempeño
de la economía estatal. Sin embargo, entre los analistas privados hay quien
dice que la falta de inversión pública que se avizora para 2020 (en virtud de
los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación), será un
fuerte reto. Y es que todo apunta a que habrá una disminución mayor a 6 mil
millones de pesos por este concepto. A esto se agrega la caída en la confianza
empresarial -tanto nacional como extranjera- resultado de la incertidumbre en
torno al Estado de Derecho. Destacan la falta de certeza respecto al periodo de
gobierno que corresponde a la presente administración estatal, así como la
disputa en torno al uso de agua por parte de Constellation Brands. La demora en
la ratificación del T-MEC, condición que si bien se da como hecho para el
primer trimestre de este año continúa inhibiendo las nuevas inversiones,
especialmente en el sector exportador.
Dado el panorama anterior, hace unas semanas la expectativa
era que el PIB estatal registrara en 2020 un crecimiento similar al de 2019.
Pero al sumarse los efectos perniciosos que traerán los cambios impositivos en
la entidad, dicho resultado se verá mermado en un rango comprendido entre 0.15
y 0.25 puntos porcentuales. Así, la generación de empleo formal podría
afectarse negativamente hasta con una reducción de 3 a 5 mil plazas.
En los resultados anteriores, no están comprendidos los
efectos que traería consigo la pérdida de competitividad del Estado frente a
otras entidades de la frontera norte, especialmente en aquellas donde el
impuesto a la nómina resulta inferior.
Es necesario dejar claro que estimar el impacto de todas
las medidas recaudatorias requiere más información por parte de los
responsables de su implementación. La no divulgación de esta, hace suponer que
no se hizo el análisis respectivo con el rigor y profundidad que amerita el caso. De ser así, lo menos que puede decirse de
aquellos que aceptaron participar en el proceso de votación, es que fallaron en
sus responsabilidades básicas. Esta apreciación es igualmente aplicable al
Ejecutivo estatal.