Comentarios a la Ley de Ingresos de BC para 2020


Estrategia$
Domingo, 5 de Enero de 2020

A los políticos se les olvida que, tratándose de resultados fiscales, la moneda tiene dos caras: por un lado, el ingreso y por otro, el gasto. Así, cada vez que las finanzas públicas presentan déficit, sólo ven cómo incrementar la recaudación en vez de hacer recortes al gasto para restablecer equilibrio. Esto se repite una y otra vez, pese a las demandas de una sociedad cansada de la corrupción y la impunidad que caracterizan el manejo de la hacienda pública.

A lo largo de su campaña política por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador prometió que no elevaría los impuestos, al menos en sus primeros tres años de gobierno. Y no se cansa de repetir que ellos (Morena), son diferentes y que cumplirán sus compromisos bajo el mandamiento de “No Robar, No Mentir y No Traccionar”.  La Ley de Ingresos recién aprobada por la mayoría morenista y aliados en el Congreso de Baja California, contradice la postura del primer mandatario.  Y es que el Gobernador Jaime Bonilla, en su calidad de promovente, así como los legisladores que votaron a favor del decreto y sus apéndices el pasado 31 de diciembre (en un típico ejercicio antidemocrático conocido como fast track), desconocieron con ello el bando presidencial. Dieron la espalda a los bajacalifornianos, demostrando ser peores políticos respecto a quienes les precedieron.

En general, el proceso que dio lugar a la mencionada ley estuvo plagado de errores y omisiones, situación que deben analizar los juristas para ver la procedencia de promover acciones que la reviertan. Mientras, si bien es cierto que el gobierno estatal resuelve los problemas de caja con los ajustes aprobados, también los es que tendrá efectos de bumerán al impactar negativamente el crecimiento económico de la entidad. Paradójicamente, ello terminará por impactar la recaudación que se busca incrementar.

Es un hecho que el aumento de impuestos afecta negativamente el crecimiento económico. De aquí que esta acción forme parte de lo que se conoce como política fiscal restrictiva, al contribuir a la disminución de la renta disponible de las familias (mismas que reducirán su consumo) y la inversión como resultado de mayores costos para las empresas. La reducción de ambos generalmente contribuye a disminuir la demanda agregada y, por ende, los precios. Esto a su vex, puede tener como efecto colateral una disminución del empleo.

En el caso concreto que nos ocupa, se prevé que al no realizarse un cabildeo previo que permitiera un consenso de aprobación con los grupos de poder económico, repercuta en una caída de la confianza empresarial en el Estado, misma que actualmente tiene el nivel más bajo para invertir entre las entidades de la frontera norte. Esto, de acuerdo con el índice que elabora la Coparmex en base a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al mes de octubre próximo pasado, en el caso de Baja California, el indicador (mismo que abarca un rango comprendido entre 0 a 100 puntos y donde los valores por encima de 50 puntos dan señales de optimismo y, por debajo del mismo, representan pesimismo) se situó en 38.5 puntos.  Cifras de Inegi para noviembre apuntan a que los indicadores de confianza empresarial continuaron cayendo.

También habrá un efecto de disminución en la confianza de los consumidores, pues a éstos no se les anticipó una política de incrementos impositivos a nivel local. Esto se reflejará en una fuga hacia el mercado norteamericano, particularmente para cargar combustible. La semana pasada, el precio promedio de éstos al tipo de cambio bancario era ligeramente menor al prevaleciente en las principales ciudades de la entidad. El ajuste al IEPS y el nuevo impuesto estatal a los combustibles, aunado a mejores condiciones de precio del dólar en las casas de cambio, hará que el energético vuelva a ser un atractivo para los consumidores nacionales.

En los hechos, todos los impuestos se trasladan al consumidor final vía mecanismo de precios. El alza a los impuestos a la nómina, a los combustibles, a los espectáculos, al hospedaje y la construcción, entre otras alzas a locales y federales, provocará una espiral que pulverizará el aumento al salario mínimo de 5% en la región. Así, no sólo disminuirá la confianza, sino que afectará el bienestar de los más necesitados.

En los últimos cinco años, la economía de Baja California ha registrado una baja consecutiva en su ritmo de expansión. Lejos han quedado aquellos años en que fue la envidia nacional al registrar tasas superiores a dos dígitos. Así, se aprecia que en el último lustro después de registrar un crecimiento de 6.9% en 2015, bajó a 4.4% en 2016, a 3.2% en 2017, a 2.4% en 2018 y para 2019 se estima tuvo una expansión igual o menor a 1.5%.

El panorama nacional e internacional para el 2020 no es halagüeño. En el mejor de los casos, la economía mundial crecerá a una tasa similar a la de 2019, de cerca de 3.0%, aunque hay quienes vaticinan que estará hasta medio punto abajo. En el ámbito nacional, si bien el gobierno federal considera que se crecerá en un rango de 1.5 a 2.5% para un puntual de 2.0%, la mayoría de los organismos internacionales, las calificadoras y los analistas privados ven un resultado -a lo mucho- de 1.5%. No obstante, el consenso apunta cada vez más a que sea de sólo 1%.

El gobierno de BC no hace proyecciones respecto al desempeño de la economía estatal. Sin embargo, entre los analistas privados hay quien dice que la falta de inversión pública que se avizora para 2020 (en virtud de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación), será un fuerte reto. Y es que todo apunta a que habrá una disminución mayor a 6 mil millones de pesos por este concepto. A esto se agrega la caída en la confianza empresarial -tanto nacional como extranjera- resultado de la incertidumbre en torno al Estado de Derecho. Destacan la falta de certeza respecto al periodo de gobierno que corresponde a la presente administración estatal, así como la disputa en torno al uso de agua por parte de Constellation Brands. La demora en la ratificación del T-MEC, condición que si bien se da como hecho para el primer trimestre de este año continúa inhibiendo las nuevas inversiones, especialmente en el sector exportador.

Dado el panorama anterior, hace unas semanas la expectativa era que el PIB estatal registrara en 2020 un crecimiento similar al de 2019. Pero al sumarse los efectos perniciosos que traerán los cambios impositivos en la entidad, dicho resultado se verá mermado en un rango comprendido entre 0.15 y 0.25 puntos porcentuales. Así, la generación de empleo formal podría afectarse negativamente hasta con una reducción de 3 a 5 mil plazas.

En los resultados anteriores, no están comprendidos los efectos que traería consigo la pérdida de competitividad del Estado frente a otras entidades de la frontera norte, especialmente en aquellas donde el impuesto a la nómina resulta inferior.

Es necesario dejar claro que estimar el impacto de todas las medidas recaudatorias requiere más información por parte de los responsables de su implementación. La no divulgación de esta, hace suponer que no se hizo el análisis respectivo con el rigor y profundidad que amerita el caso. De ser así, lo menos que puede decirse de aquellos que aceptaron participar en el proceso de votación, es que fallaron en sus responsabilidades básicas. Esta apreciación es igualmente aplicable al Ejecutivo estatal.