Diputados de Baja California deben renunciar
Estrategia$
Domingo, 14 de Julio de 2019
Hace unos días, los integrantes del Congreso de Baja California cometieron una de las infamias más graves de la historia del país, al aprobar un cambio a la Constitución Política de la entidad mediante un proceso antidemocrático y viciado de origen. Con ello no sólo traicionaron la confianza ciudadana, sino violentaron el Estado de Derecho, sumándose a esta afrenta la mayoría de los integrantes de los cabildos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate al ratificar dicho dictamen.
Al variar la duración del próximo periodo para Gobernador, de dos a cinco años, los “representantes del pueblo” se hicieron merecedores a los adjetivos de corruptos y hampones, por decir lo menos. Y es que, por más argumentos que esgriman para justificar su actuación, hay evidencia de algo turbio. Algunos afirman que recibieron pagos por varios millones de pesos mientras que otros señalan “instrucciones de arriba”, como resultado de acuerdos para garantizar al gobierno entrante y saliente “tener las espaldas cubiertas”. Sea cual fuera la razón, el proceder de los diputados fue vergonzoso y condenable.
La reacción en contra del acuerdo ha sido sobresaliente. Las dirigencias de diversos partidos políticos locales y nacionales sostienen que acudirán a las instancias judiciales correspondientes para presentar demandas de inconstitucionalidad, mientras que algunos organismos empresariales prometen hacer lo propio. También hay quien promueve que el Legislativo Federal exhorte al Gobernador del Estado a utilizar su poder de veto y regrese la resolución para su cancelación, mientras que otros pretenden se someta a juicio político a los diputados en falta. En el Senado de la República, algunos buscan la desaparición de poderes en el estado mientras que cualquier ciudadano tendrá la opción de acudir a la CNDH para que ésta le defienda. Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que si lo hubieran consultado, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno en BC.
Independientemente del curso que pueden tomar las acciones legales y/o investigaciones penales (en caso de existir demandas por contubernio, delincuencia organizada, lavado de dinero, etc.), lo menos que debemos hacer los bajacalifornianos es exigir la renuncia inmediata de todos los legisladores involucrados en esta afrenta. No sólo como forma de expiar sus culpas sino para evitar que hagan más daño en el plazo que les queda para concluir su mandato.
Creo necesario también, aprovechar las circunstancias para demandar modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de evitar se vuelvan a dar reformas constitucionales como se hizo. Así, exigir al menos lo siguiente:
1) Cualquier modificación a la Constitución del Estado no pueda llevarse a cabo con dispensa de trámite a comisiones (por principio básico, los cambios a ésta no pueden ser considerados como un asunto de urgente resolución).
2) Los proyectos respectivos deberán darse a conocer públicamente y con la debida anticipación para que, quienes así lo estimen conveniente, puedan concurrir ante las comisiones a presentar o hacer valer sus opiniones y reservas.
3.- EL voto de los legisladores debe ser mediante cédula firmada, sin abstenciones y acompañado de fundamento, mismo que será incorporado en el acta de la declaratoria correspondiente.
El hartazgo ciudadano expresado en las urnas hace un año, no desaparecerá sólo con promesas de combate a la corrupción. El ultraje cometido por los diputados de BC pone al descubierto que ésta no sólo persiste, sino que avanza a niveles intolerantes. Las dificultades económicas de hoy y las que se aprecian en el horizonte reclaman dejemos a un lado la prudencia y la civilidad ante las agresiones de gran parte de la clase política, por no decir toda.
Monitor Económico de BC
Domingo, 14 de Julio de 2019
Hace unos días, los integrantes del Congreso de Baja California cometieron una de las infamias más graves de la historia del país, al aprobar un cambio a la Constitución Política de la entidad mediante un proceso antidemocrático y viciado de origen. Con ello no sólo traicionaron la confianza ciudadana, sino violentaron el Estado de Derecho, sumándose a esta afrenta la mayoría de los integrantes de los cabildos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate al ratificar dicho dictamen.
Al variar la duración del próximo periodo para Gobernador, de dos a cinco años, los “representantes del pueblo” se hicieron merecedores a los adjetivos de corruptos y hampones, por decir lo menos. Y es que, por más argumentos que esgriman para justificar su actuación, hay evidencia de algo turbio. Algunos afirman que recibieron pagos por varios millones de pesos mientras que otros señalan “instrucciones de arriba”, como resultado de acuerdos para garantizar al gobierno entrante y saliente “tener las espaldas cubiertas”. Sea cual fuera la razón, el proceder de los diputados fue vergonzoso y condenable.
La reacción en contra del acuerdo ha sido sobresaliente. Las dirigencias de diversos partidos políticos locales y nacionales sostienen que acudirán a las instancias judiciales correspondientes para presentar demandas de inconstitucionalidad, mientras que algunos organismos empresariales prometen hacer lo propio. También hay quien promueve que el Legislativo Federal exhorte al Gobernador del Estado a utilizar su poder de veto y regrese la resolución para su cancelación, mientras que otros pretenden se someta a juicio político a los diputados en falta. En el Senado de la República, algunos buscan la desaparición de poderes en el estado mientras que cualquier ciudadano tendrá la opción de acudir a la CNDH para que ésta le defienda. Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que si lo hubieran consultado, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno en BC.
Independientemente del curso que pueden tomar las acciones legales y/o investigaciones penales (en caso de existir demandas por contubernio, delincuencia organizada, lavado de dinero, etc.), lo menos que debemos hacer los bajacalifornianos es exigir la renuncia inmediata de todos los legisladores involucrados en esta afrenta. No sólo como forma de expiar sus culpas sino para evitar que hagan más daño en el plazo que les queda para concluir su mandato.
Creo necesario también, aprovechar las circunstancias para demandar modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de evitar se vuelvan a dar reformas constitucionales como se hizo. Así, exigir al menos lo siguiente:
1) Cualquier modificación a la Constitución del Estado no pueda llevarse a cabo con dispensa de trámite a comisiones (por principio básico, los cambios a ésta no pueden ser considerados como un asunto de urgente resolución).
2) Los proyectos respectivos deberán darse a conocer públicamente y con la debida anticipación para que, quienes así lo estimen conveniente, puedan concurrir ante las comisiones a presentar o hacer valer sus opiniones y reservas.
3.- EL voto de los legisladores debe ser mediante cédula firmada, sin abstenciones y acompañado de fundamento, mismo que será incorporado en el acta de la declaratoria correspondiente.
El hartazgo ciudadano expresado en las urnas hace un año, no desaparecerá sólo con promesas de combate a la corrupción. El ultraje cometido por los diputados de BC pone al descubierto que ésta no sólo persiste, sino que avanza a niveles intolerantes. Las dificultades económicas de hoy y las que se aprecian en el horizonte reclaman dejemos a un lado la prudencia y la civilidad ante las agresiones de gran parte de la clase política, por no decir toda.
Monitor Económico de BC