¿Castigo a Diputados por "Ley Bonilla"?
Estrategia$
Viernes, 26 de Julio de 2019
El martes 23 del mes en curso, en sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, con 15 diputados presentes, el Congreso de Baja California validó la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución del Estado, con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez. Así, los legisladores desdeñaron una vez más, su juramento de “…guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las Leyes que de ambas emanen…”
La ola de críticas y rechazo de amplios grupos políticos, empresariales, académicos y ciudadanos -tanto locales como nacionales- a la llamada “Ley Bonilla” no fueron suficientes para frenar un proceso calificado como inconstitucional y violatorio del Estado de Derecho. Tampoco, el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en este sentido. Y si alguna duda había en cuanto al desaseado proceder de los integrantes de la XXII Legislatura, un repaso de cómo se organizó la asamblea de ratificación apunta a que hubo confabulación.
Se pensó que la validación se dejaría en manos de la próxima legislatura, al haberse notificado previamente a los diputados la cancelación de las sesiones programadas en lo que restaba del mes. No obstante, en una acción sorpresiva, citaron para discutir el referido exhorto el mismo día y con escaso margen para que los representantes de Mexicali pudieran estar a tiempo, en especial, aquellos que manifestaron su oposición a la reforma.
Ya reunidos, la mayoría convino en rechazar el llamado del legislativo federal a la vez que aprobaron pasar a una segunda extraordinaria para ratificar la reforma. No importaron los señalamientos en sentido que el tema no estaba en el orden del día, que no se habían cumplido los requisitos para el cambio de recinto legislativo y que quien había hecho la convocatoria para la deliberación no era la autorizada para ello. Este proceder confirmó que los acuerdos ya estaban consensuados y sólo faltaba darles trámite.
El Gobernador del Estado, Francisco Vega de la Madrid ha ratificado que no publicará la reforma en el Periódico Oficial del Estado, como muestra de su inconformidad hacia los diputados. De acuerdo con el Secretario General de Gobierno, el Congreso tiene 10 días para enviárselas a partir de su aprobación y el Ejecutivo 15 días para publicarla una vez recibida. Al no hacerlo, el Congreso podrá hacer uso de su facultad y ordenar directamente al director del periódico oficial que lo haga. En este contexto, todo apunta a que la decisión recaerá en la legislatura que tomará posesión a partir del próximo 1 de agosto.
Coincido con quienes solicitan al Gobernador publicar el dictamen en cuanto lo reciba, pues se corre riesgo de que se guarde en la congeladora “hasta que las aguas se calmen”. Y es urgente que se haga para así poder interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Más allá de lo que resulte para detener la aberrante reforma, los bajacalifornianos debemos exigir se investiguen las acusaciones interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, pues hay quien señala que se ofreció hasta un millón de dólares a quien votara a favor.
La 4T prometió combatir la corrupción a fondo. El caso que nos ocupa representa una excelente oportunidad para demostrarle a México que no es sólo retórica sino un compromiso real. La mayoría estamos hartos de la corrupción y la impunidad. Si uno o varios diputados infringieron la Ley, someterlos a juicio político no es suficiente. Se debe procesar a los responsables y someterlos al castigo penal que corresponda. El pueblo lo demanda y es lo justo.
Monitor Económico de BC
Viernes, 26 de Julio de 2019
El martes 23 del mes en curso, en sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, con 15 diputados presentes, el Congreso de Baja California validó la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución del Estado, con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez. Así, los legisladores desdeñaron una vez más, su juramento de “…guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las Leyes que de ambas emanen…”
La ola de críticas y rechazo de amplios grupos políticos, empresariales, académicos y ciudadanos -tanto locales como nacionales- a la llamada “Ley Bonilla” no fueron suficientes para frenar un proceso calificado como inconstitucional y violatorio del Estado de Derecho. Tampoco, el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en este sentido. Y si alguna duda había en cuanto al desaseado proceder de los integrantes de la XXII Legislatura, un repaso de cómo se organizó la asamblea de ratificación apunta a que hubo confabulación.
Se pensó que la validación se dejaría en manos de la próxima legislatura, al haberse notificado previamente a los diputados la cancelación de las sesiones programadas en lo que restaba del mes. No obstante, en una acción sorpresiva, citaron para discutir el referido exhorto el mismo día y con escaso margen para que los representantes de Mexicali pudieran estar a tiempo, en especial, aquellos que manifestaron su oposición a la reforma.
Ya reunidos, la mayoría convino en rechazar el llamado del legislativo federal a la vez que aprobaron pasar a una segunda extraordinaria para ratificar la reforma. No importaron los señalamientos en sentido que el tema no estaba en el orden del día, que no se habían cumplido los requisitos para el cambio de recinto legislativo y que quien había hecho la convocatoria para la deliberación no era la autorizada para ello. Este proceder confirmó que los acuerdos ya estaban consensuados y sólo faltaba darles trámite.
El Gobernador del Estado, Francisco Vega de la Madrid ha ratificado que no publicará la reforma en el Periódico Oficial del Estado, como muestra de su inconformidad hacia los diputados. De acuerdo con el Secretario General de Gobierno, el Congreso tiene 10 días para enviárselas a partir de su aprobación y el Ejecutivo 15 días para publicarla una vez recibida. Al no hacerlo, el Congreso podrá hacer uso de su facultad y ordenar directamente al director del periódico oficial que lo haga. En este contexto, todo apunta a que la decisión recaerá en la legislatura que tomará posesión a partir del próximo 1 de agosto.
Coincido con quienes solicitan al Gobernador publicar el dictamen en cuanto lo reciba, pues se corre riesgo de que se guarde en la congeladora “hasta que las aguas se calmen”. Y es urgente que se haga para así poder interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Más allá de lo que resulte para detener la aberrante reforma, los bajacalifornianos debemos exigir se investiguen las acusaciones interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, pues hay quien señala que se ofreció hasta un millón de dólares a quien votara a favor.
La 4T prometió combatir la corrupción a fondo. El caso que nos ocupa representa una excelente oportunidad para demostrarle a México que no es sólo retórica sino un compromiso real. La mayoría estamos hartos de la corrupción y la impunidad. Si uno o varios diputados infringieron la Ley, someterlos a juicio político no es suficiente. Se debe procesar a los responsables y someterlos al castigo penal que corresponda. El pueblo lo demanda y es lo justo.
Monitor Económico de BC