¿Cuál es la estrategia anticorrupción de AMLO?
La Voz de la Frontera
Lunes, 21 de Enero de 2019
La tragedia de Tlahuelilpan debe llenarnos de dolor y rabia. El fallecimiento de 79 personas y 81 lesionadas, resultado de la explosión que siguió al robo de combustibles por quienes no quisieron o no supieron valorar el riesgo que significaba dicha acción, no debe verse con indiferencia o calificarlo como castigo merecido. Esto sólo pueden hacerlo aquellos que carecen de calidad humana.
La desdicha debe enfurecernos porque se suma a la lista de efectos perniciosos que ocasionan la corrupción y la impunidad. El gobierno ha prometido combatir este flagelo. Y si bien ha mostrado voluntad al actuar contra el huachicoleo, el camino por recorrer será largo y sinuoso. Ante esta realidad, necesitamos una definición más clara y precisa de cómo habrá de llevar a cabo la lucha.
El gabinete de AMLO necesita trabajar más. Es ilógico que el Presidente sea vocero de todo lo que hace el gobierno. Quizá sea acertado como estrategia política, pero en los hechos no lo es. Alguien necesita decírselo y convencerlo que debe trabajar bajo el principio de responsabilidad compartida. Y esto implica que los titulares de cada área no sólo lo acompañen durante las conferencias de prensa mañaneras, sino que emitan informes escritos detallados de aquellos asuntos que les competen.
Así, por ejemplo, deben dar a conocer resultados específicos de la lucha contra el huachicoleo: ¿Cuántos trabajadores de confianza y base de Pemex (incluyendo dirigentes sindicales) están sujetos a investigación por su participación con bandas delictivas? ¿Cuál es el número de detenidos y consignados? ¿En qué Estados se ubican? ¿Cuántos ciudadanos hay arrestados por la ordeña de ductos y a qué localidades pertenecen? ¿Cuántos políticos y funcionarios públicos estatales y municipales han sido acusados y consignados? ¿Cuántas gasolineras participaban en la venta de combustibles robados y en dónde se ubican? ¿Qué estado guardan las denuncias en su contra y qué acciones se han tomado para evitar que sigan delinquiendo? ¿Cuántas unidades de transporte, equipos de acceso y almacenamiento, instalaciones de servicio y propiedades están bajo proceso de decomiso y en dónde se ubican? ¿Cuál es su valor? ¿Cuántos capitanes de navío, marineros y otros están sujetos a investigación por el robo de combustibles transportados por mar? ¿Cuántas empresas navieras, transportistas terrestres de carga, de servicio urbano y foráneo están involucradas? ¿Qué acciones se están llevando a cabo contra funcionarios federales de administraciones pasadas por actos de omisión, complicidad o culposos?
La lista de preguntas es más amplia, pero las planteadas dan idea del trabajo que falta por hacer. Y que no nos salgan con la evasiva de que resguardan la información para no entorpecer las investigaciones. Por la relevancia del tema, hay que proponer desarrollen un sitio web específico que podría denominarse: “Encrucijada contra la corrupción y la impunidad”. En éste habría respuesta a las interrogantes más apremiantes y permitiría evaluar objetivamente el desempeño de las autoridades.
En la lucha contra la corrupción y la impunidad, es tiempo que el gobierno pase de la verborrea a la acción. Asimismo, precise la estrategia que seguirá.
Lunes, 21 de Enero de 2019
La tragedia de Tlahuelilpan debe llenarnos de dolor y rabia. El fallecimiento de 79 personas y 81 lesionadas, resultado de la explosión que siguió al robo de combustibles por quienes no quisieron o no supieron valorar el riesgo que significaba dicha acción, no debe verse con indiferencia o calificarlo como castigo merecido. Esto sólo pueden hacerlo aquellos que carecen de calidad humana.
La desdicha debe enfurecernos porque se suma a la lista de efectos perniciosos que ocasionan la corrupción y la impunidad. El gobierno ha prometido combatir este flagelo. Y si bien ha mostrado voluntad al actuar contra el huachicoleo, el camino por recorrer será largo y sinuoso. Ante esta realidad, necesitamos una definición más clara y precisa de cómo habrá de llevar a cabo la lucha.
El gabinete de AMLO necesita trabajar más. Es ilógico que el Presidente sea vocero de todo lo que hace el gobierno. Quizá sea acertado como estrategia política, pero en los hechos no lo es. Alguien necesita decírselo y convencerlo que debe trabajar bajo el principio de responsabilidad compartida. Y esto implica que los titulares de cada área no sólo lo acompañen durante las conferencias de prensa mañaneras, sino que emitan informes escritos detallados de aquellos asuntos que les competen.
Así, por ejemplo, deben dar a conocer resultados específicos de la lucha contra el huachicoleo: ¿Cuántos trabajadores de confianza y base de Pemex (incluyendo dirigentes sindicales) están sujetos a investigación por su participación con bandas delictivas? ¿Cuál es el número de detenidos y consignados? ¿En qué Estados se ubican? ¿Cuántos ciudadanos hay arrestados por la ordeña de ductos y a qué localidades pertenecen? ¿Cuántos políticos y funcionarios públicos estatales y municipales han sido acusados y consignados? ¿Cuántas gasolineras participaban en la venta de combustibles robados y en dónde se ubican? ¿Qué estado guardan las denuncias en su contra y qué acciones se han tomado para evitar que sigan delinquiendo? ¿Cuántas unidades de transporte, equipos de acceso y almacenamiento, instalaciones de servicio y propiedades están bajo proceso de decomiso y en dónde se ubican? ¿Cuál es su valor? ¿Cuántos capitanes de navío, marineros y otros están sujetos a investigación por el robo de combustibles transportados por mar? ¿Cuántas empresas navieras, transportistas terrestres de carga, de servicio urbano y foráneo están involucradas? ¿Qué acciones se están llevando a cabo contra funcionarios federales de administraciones pasadas por actos de omisión, complicidad o culposos?
La lista de preguntas es más amplia, pero las planteadas dan idea del trabajo que falta por hacer. Y que no nos salgan con la evasiva de que resguardan la información para no entorpecer las investigaciones. Por la relevancia del tema, hay que proponer desarrollen un sitio web específico que podría denominarse: “Encrucijada contra la corrupción y la impunidad”. En éste habría respuesta a las interrogantes más apremiantes y permitiría evaluar objetivamente el desempeño de las autoridades.
En la lucha contra la corrupción y la impunidad, es tiempo que el gobierno pase de la verborrea a la acción. Asimismo, precise la estrategia que seguirá.