AMLO y la Guardia Nacional
La Voz de la Frontera
Martes, 27 de Noviembre de 2018
Pertenezco al grupo de quienes se han opuesto al proceso de militarización del país.
Ese que inició con la administración de Vicente Fox al añadirse el tema de la delincuencia organizada en la Ley de Seguridad Nacional para después pasar a extremos con Felipe Calderón, quien declaró la guerra al crimen organizado mediante el uso excepcional de las Fuerzas Armadas. Un combate frontal que Enrique Peña Nieto continuó con resultados fallidos y que ahora Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca prorrogar con el apoyo de una Guardia Nacional, como medida emergente, de carácter transitorio y “solo mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país”.
Las reacciones no se han hecho esperar: Defensores de los derechos civiles, intelectuales, empresarios, partidos políticos de oposición, gobernadores y presidentes municipales, entre otros, han declarado su rechazo a la formalización del uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública. No está por demás destacar que -no hace mucho- algunos de ellos aprobaron o callaron cuando el PRI presentó y logró sacar la Ley de Seguridad Interior el año pasado, misma que definió un marco jurídico para el uso policial de dichas corporaciones.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dicha normativa por contener disposiciones anticonstitucionales. Esto impulsó a los diputados de Morena a presentar una nueva iniciativa de ley para autorizar una Guardia Nacional. Contempla cambios a la Carta Magna para que quienes formen parte no se les aplique el artículo 129 constitucional, el cual especifica que “en tiempos de paz, las autoridades militares no pueden realizar funciones diversas a las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Si bien la idea es tener lista a esta corporación lo antes posible, sus promotores señalan que se abrirá un espacio para el diálogo con todos los sectores de la sociedad civil. Incluso AMLO anunció que someterá a consulta pública éste y otros temas bajo la conducción del Instituto Nacional Electoral en marzo próximo.
A reserva de ver cómo avanza la propuesta, el Presidente electo aceptó que el cambio de postura sobre la utilización de elementos castrenses obedece a que la corrupción en los cuerpos policiales en el país es más grave de lo que pensaba. Esto, según información que recibió en el período de transición lo que, en mi opinión, le ha generado otra razón de fondo para ver las cosas de otra manera. Una que tiene que ver con la promesa de acabar con la corrupción, pues para lograrlo no sólo requiere de voluntad, sino de un cuerpo que investigue, procese y encarcele a quien resulte culpable.
El número de corruptos en nuestro país asciende a cientos de miles de personas. Es imposible pensar que van a dejar de cometer fechorías sólo por el hecho de tener a un Presidente y allegados honestos. La promesa de borrón y cuenta nueva podrá frenar a algunos, pero no a todos. Y tarde o temprano se tendrá que actuar. Así, la confrontación es inevitable.
En algunos casos habrá que proceder contra altos mandos de policías estatales, municipales, ministerios públicos y jueces. También contra presidentes municipales y gobernadores. Las relaciones de complicidad que pueden existir entre estas instancias descartan su uso en un momento determinado.
En estas situaciones sería preferible emplear la Guardia Nacional y no las Fuerzas Armadas.
Quiero pensar que ésta es una de las principales razones detrás de la propuesta y no una que ponga en riesgo la democracia y las garantías individuales. Habrá que ver que más se ofrece.
Martes, 27 de Noviembre de 2018
Pertenezco al grupo de quienes se han opuesto al proceso de militarización del país.
Ese que inició con la administración de Vicente Fox al añadirse el tema de la delincuencia organizada en la Ley de Seguridad Nacional para después pasar a extremos con Felipe Calderón, quien declaró la guerra al crimen organizado mediante el uso excepcional de las Fuerzas Armadas. Un combate frontal que Enrique Peña Nieto continuó con resultados fallidos y que ahora Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca prorrogar con el apoyo de una Guardia Nacional, como medida emergente, de carácter transitorio y “solo mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país”.
Las reacciones no se han hecho esperar: Defensores de los derechos civiles, intelectuales, empresarios, partidos políticos de oposición, gobernadores y presidentes municipales, entre otros, han declarado su rechazo a la formalización del uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública. No está por demás destacar que -no hace mucho- algunos de ellos aprobaron o callaron cuando el PRI presentó y logró sacar la Ley de Seguridad Interior el año pasado, misma que definió un marco jurídico para el uso policial de dichas corporaciones.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dicha normativa por contener disposiciones anticonstitucionales. Esto impulsó a los diputados de Morena a presentar una nueva iniciativa de ley para autorizar una Guardia Nacional. Contempla cambios a la Carta Magna para que quienes formen parte no se les aplique el artículo 129 constitucional, el cual especifica que “en tiempos de paz, las autoridades militares no pueden realizar funciones diversas a las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Si bien la idea es tener lista a esta corporación lo antes posible, sus promotores señalan que se abrirá un espacio para el diálogo con todos los sectores de la sociedad civil. Incluso AMLO anunció que someterá a consulta pública éste y otros temas bajo la conducción del Instituto Nacional Electoral en marzo próximo.
A reserva de ver cómo avanza la propuesta, el Presidente electo aceptó que el cambio de postura sobre la utilización de elementos castrenses obedece a que la corrupción en los cuerpos policiales en el país es más grave de lo que pensaba. Esto, según información que recibió en el período de transición lo que, en mi opinión, le ha generado otra razón de fondo para ver las cosas de otra manera. Una que tiene que ver con la promesa de acabar con la corrupción, pues para lograrlo no sólo requiere de voluntad, sino de un cuerpo que investigue, procese y encarcele a quien resulte culpable.
El número de corruptos en nuestro país asciende a cientos de miles de personas. Es imposible pensar que van a dejar de cometer fechorías sólo por el hecho de tener a un Presidente y allegados honestos. La promesa de borrón y cuenta nueva podrá frenar a algunos, pero no a todos. Y tarde o temprano se tendrá que actuar. Así, la confrontación es inevitable.
En algunos casos habrá que proceder contra altos mandos de policías estatales, municipales, ministerios públicos y jueces. También contra presidentes municipales y gobernadores. Las relaciones de complicidad que pueden existir entre estas instancias descartan su uso en un momento determinado.
En estas situaciones sería preferible emplear la Guardia Nacional y no las Fuerzas Armadas.
Quiero pensar que ésta es una de las principales razones detrás de la propuesta y no una que ponga en riesgo la democracia y las garantías individuales. Habrá que ver que más se ofrece.