Sobre las propuestas de AMLO para la frontera
La Voz de la Frontera
Miércoles, 1 de Agosto de 2018
Expectativas y polémica han creado las propuestas que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) delineó en su carta del pasado 12 de los corrientes al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. En particular, las que se refieren a crear una zona libre o franca a lo largo de los poco más de 3 mil kilómetros de frontera con ese país con objeto de promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como generar más empleo.
Las acciones que se llevarían a cabo (sin que esté especificada su fecha de entrada en vigor) son: Reducir el ISR al 20% y el IVA a 8% en promedio. La tasa a aplicar sería igual a la existente en el lado estadounidense (California 8.5%, Arizona y Texas 8.2% y Nuevo México 7.5%). Bajar Impuestos Especiales a la Producción y Servicios (IEPS) para que las tarifas y precios de gasolina, diesel y electricidad sean iguales a los del vecino del norte y recorrer las aduanas mexicanas hacia el sur, de 20 a 30 kms. de la línea divisoria.
El Salario Mínimo (SM) pasaría al doble del que rige hoy, cuando menos, a partir del 1 de enero de 2019. El SM en México es uno de los más bajos en el Continente Americano y si bien su fijación es atribución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), no se prevé que duplicarlo en la frontera pudiera sufrir contratiempo, dado la mayoría que tiene Morena en el Congreso.
Es indudable que los trabajadores con SM se verían favorecidos en su poder adquisitivo. No obstante, la acción podría generar presiones inflacionarias que afectarían a todos los habitantes por igual. Tampoco puede descartarse el impacto que tendría la medida en la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas.
Destaca que en el caso de Baja California, el número de personas con SM es menor a 100 mil de un total de 1.5 millones, según se reporta en la ENOE.
Reducir al 20% el ISR está entre los ofrecimientos que ha levantado dudas, pues si bien sería de gran estímulo a la inversión y las actividades productivas, hay quienes consideran que sería contrario al principio de igualdad tributaria. Y se desconocen sus pormenores, es decir, si sería de aplicación general para todos los contribuyentes establecidos en la zona o sólo para aquellos que realizaran inversiones nuevas. Tampoco si estaría limitado a un periodo determinado de años dependiendo de la actividad, etc.
Homologar los precios de los energéticos con los de EUA no sería complicado. En el caso de las gasolinas y diesel ya se ha trabajado bajo un esquema similar en el pasado. Lo novedoso está en que se incorpora el servicio de electricidad, aunque falta determinar su impacto tratándose de uso doméstico, comercial e industrial. En este caso, habrá que conocer los detalles.
El recorrer las aduanas si bien facilitaría el movimiento de insumos y mercancías para uso del sector maquilador, podría representar una carga muy fuerte para la Federación en términos de costo de traslado, construcción de nuevas instalaciones y pérdida de ingreso aduanero. Se desconoce también si esto se traduciría en que los habitantes y comerciantes ubicados en la franja gozarán de poder importar todo tipo de bienes y servicios libres del pago de impuesto.
Es pronto para determinar las implicaciones que ello traería, pero no está por demás solicitar se presenten los estudios de costo-beneficio correspondientes tanto para la zona como el país.
La reducción del IVA va en concordancia con las múltiples peticiones que se formularon al gobierno federal previo a la decisión de homologarlo con el interior del país y, con mayor razón, una vez padecidos los efectos adversos de tal medida.
En 2015 Baja California aportó por concepto de IVA alrededor de 22.2 mil millones de pesos. Reducirlo a 8.5% equivaldría a inyectar poco más de 10 mil millones a la economía local (si se incluye al municipio de Ensenada). Considerando el efecto multiplicador de estos recursos, podríamos ver que la economía creciera entre 2 y 2.5 puntos porcentuales adicionales. Así, el PIB estatal alcanzaría cifras cercanas al 5% anual. Y más, al combinarse con las medidas adicionales de estímulo que contemplan las propuestas de AMLO.
Pero no todo es color de rosa. Podría haber efectos adversos que impactarán a la franja fronteriza como un búmeran.
El costo fiscal podría tener consecuencias adversas sobre la estabilidad de las finanzas públicas federales de tal manera que a mediano y largo plazos se diera una disminución de las participaciones y/o aportaciones reales a la entidad. No se descarta un aumento del déficit público y, por ende, de mayor endeudamiento con su respectivo efecto sobre disponibilidad de recursos.
En general es prematuro establecer con puntualidad las repercusiones que tendrían las propuestas de AMLO para la frontera. En principio representan una alternativa de crecimiento económico sin igual. Pero si somos congruentes, debemos exigir que vayan acompañadas de sus respectivos estudios de impacto, tanto económico como político y social.
El país exige acotar las brechas entre zonas de alto desarrollo y de pobreza. Por ello se debe evitar que las soluciones aplicadas en beneficio de unas no se traduzcan en el retroceso de otras.
Miércoles, 1 de Agosto de 2018
Expectativas y polémica han creado las propuestas que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) delineó en su carta del pasado 12 de los corrientes al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. En particular, las que se refieren a crear una zona libre o franca a lo largo de los poco más de 3 mil kilómetros de frontera con ese país con objeto de promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como generar más empleo.
Las acciones que se llevarían a cabo (sin que esté especificada su fecha de entrada en vigor) son: Reducir el ISR al 20% y el IVA a 8% en promedio. La tasa a aplicar sería igual a la existente en el lado estadounidense (California 8.5%, Arizona y Texas 8.2% y Nuevo México 7.5%). Bajar Impuestos Especiales a la Producción y Servicios (IEPS) para que las tarifas y precios de gasolina, diesel y electricidad sean iguales a los del vecino del norte y recorrer las aduanas mexicanas hacia el sur, de 20 a 30 kms. de la línea divisoria.
El Salario Mínimo (SM) pasaría al doble del que rige hoy, cuando menos, a partir del 1 de enero de 2019. El SM en México es uno de los más bajos en el Continente Americano y si bien su fijación es atribución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), no se prevé que duplicarlo en la frontera pudiera sufrir contratiempo, dado la mayoría que tiene Morena en el Congreso.
Es indudable que los trabajadores con SM se verían favorecidos en su poder adquisitivo. No obstante, la acción podría generar presiones inflacionarias que afectarían a todos los habitantes por igual. Tampoco puede descartarse el impacto que tendría la medida en la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas.
Destaca que en el caso de Baja California, el número de personas con SM es menor a 100 mil de un total de 1.5 millones, según se reporta en la ENOE.
Reducir al 20% el ISR está entre los ofrecimientos que ha levantado dudas, pues si bien sería de gran estímulo a la inversión y las actividades productivas, hay quienes consideran que sería contrario al principio de igualdad tributaria. Y se desconocen sus pormenores, es decir, si sería de aplicación general para todos los contribuyentes establecidos en la zona o sólo para aquellos que realizaran inversiones nuevas. Tampoco si estaría limitado a un periodo determinado de años dependiendo de la actividad, etc.
Homologar los precios de los energéticos con los de EUA no sería complicado. En el caso de las gasolinas y diesel ya se ha trabajado bajo un esquema similar en el pasado. Lo novedoso está en que se incorpora el servicio de electricidad, aunque falta determinar su impacto tratándose de uso doméstico, comercial e industrial. En este caso, habrá que conocer los detalles.
El recorrer las aduanas si bien facilitaría el movimiento de insumos y mercancías para uso del sector maquilador, podría representar una carga muy fuerte para la Federación en términos de costo de traslado, construcción de nuevas instalaciones y pérdida de ingreso aduanero. Se desconoce también si esto se traduciría en que los habitantes y comerciantes ubicados en la franja gozarán de poder importar todo tipo de bienes y servicios libres del pago de impuesto.
Es pronto para determinar las implicaciones que ello traería, pero no está por demás solicitar se presenten los estudios de costo-beneficio correspondientes tanto para la zona como el país.
La reducción del IVA va en concordancia con las múltiples peticiones que se formularon al gobierno federal previo a la decisión de homologarlo con el interior del país y, con mayor razón, una vez padecidos los efectos adversos de tal medida.
En 2015 Baja California aportó por concepto de IVA alrededor de 22.2 mil millones de pesos. Reducirlo a 8.5% equivaldría a inyectar poco más de 10 mil millones a la economía local (si se incluye al municipio de Ensenada). Considerando el efecto multiplicador de estos recursos, podríamos ver que la economía creciera entre 2 y 2.5 puntos porcentuales adicionales. Así, el PIB estatal alcanzaría cifras cercanas al 5% anual. Y más, al combinarse con las medidas adicionales de estímulo que contemplan las propuestas de AMLO.
Pero no todo es color de rosa. Podría haber efectos adversos que impactarán a la franja fronteriza como un búmeran.
El costo fiscal podría tener consecuencias adversas sobre la estabilidad de las finanzas públicas federales de tal manera que a mediano y largo plazos se diera una disminución de las participaciones y/o aportaciones reales a la entidad. No se descarta un aumento del déficit público y, por ende, de mayor endeudamiento con su respectivo efecto sobre disponibilidad de recursos.
En general es prematuro establecer con puntualidad las repercusiones que tendrían las propuestas de AMLO para la frontera. En principio representan una alternativa de crecimiento económico sin igual. Pero si somos congruentes, debemos exigir que vayan acompañadas de sus respectivos estudios de impacto, tanto económico como político y social.
El país exige acotar las brechas entre zonas de alto desarrollo y de pobreza. Por ello se debe evitar que las soluciones aplicadas en beneficio de unas no se traduzcan en el retroceso de otras.