Fiscalía General de Justicia autónoma, ¿para qué?
La Voz de la Frontera
Martes, 7 de Agosto de 2018
Tener una Fiscalía General de Justicia autónoma es algo que, por principio, deberíamos apoyar todos los ciudadanos que exigimos se persigan los graves delitos que ocurren en nuestro país y que han dejado una estela de desaparecidos, escándalos de corrupción e impunidad, así como graves violaciones a los derechos humanos.
El líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, promueve una iniciativa para reformar el artículo 102 de la Constitución con objeto de crear dicha instancia, para lo cual ha iniciado la recolecta de firmas para respaldarla.
Hace un par de meses me habría sumado a este propósito sin pensarlo dos veces. Hoy no estoy tan seguro.
La integración de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), mismos que deberían ser ejemplo de participación ciudadana ajena a cualquier interés, ha dejado mucho qué desear. Y si esta experiencia se va a repetir en el caso del Fiscal autónomo, más vale dejar las cosas como están y buscar otras opciones.
En diversas entidades (como Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, etc.) la integración de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) ha sido fuertemente cuestionada al nombrarse a personas con nexos a los gobiernos en turno, por militar en partidos políticos o no llenar los perfiles establecidos en la Ley. En pocas palabras, por ser representaciones que no garantizan autonomía y menos, que trabajarán en beneficio de la sociedad.
Aquí en Baja California no fuimos la excepción. El proceso de selección de miembros del CPC estuvo viciado de origen al no apegarse a la Ley y haber opacidad en los nombramientos. En su oportunidad recomendé a varias organizaciones empresariales de Mexicali hacer un exhorto público al Comité de Selección del SEA para que divulgara los pormenores de su decisión, cosa que no prosperó.
La falta de una censura a tiempo y organizada ha dado lugar a que las violaciones a la Ley continúen. Lo peor, antes que el SEA entre en funciones.
Hace unos días, una Comisión de 15 abogados de Tijuana presentó un escrito en el que señalan que el nombramiento para ocupar el cargo de presidente del CPC se hizo sin estar legitimado, lo que presuntamente da lugar a “…incumplimiento a los principios rectores de Legalidad, Profesionalismo, Eficiencia, Eficacia, Transparencia, entre otros”.
Lo anterior confirma que crear organismos autónomos no necesariamente garantiza el cumplimiento de los objetivos para lo que son creados, cosa que podría repetirse con la Fiscalía.
Si bien es cierto fueron muchas las organizaciones privadas que impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también lo es que han sido pasivas ante los abusos en la integración de los CPC. De aquí que prefiera un Fiscal nombrado por el Senado (a propuesta del Presidente, tal y como es la intención de AMLO), pues así tendríamos a quien reclamarle directamente en caso de no cumplir la labor. Mientras que si se utiliza un mecanismo con participación ciudadana, la responsabilidad se diluye entre personajes cuya integridad puede resultar cuestionable, tal y como ya sucede con los SEA.
Martes, 7 de Agosto de 2018
Tener una Fiscalía General de Justicia autónoma es algo que, por principio, deberíamos apoyar todos los ciudadanos que exigimos se persigan los graves delitos que ocurren en nuestro país y que han dejado una estela de desaparecidos, escándalos de corrupción e impunidad, así como graves violaciones a los derechos humanos.
El líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, promueve una iniciativa para reformar el artículo 102 de la Constitución con objeto de crear dicha instancia, para lo cual ha iniciado la recolecta de firmas para respaldarla.
Hace un par de meses me habría sumado a este propósito sin pensarlo dos veces. Hoy no estoy tan seguro.
La integración de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), mismos que deberían ser ejemplo de participación ciudadana ajena a cualquier interés, ha dejado mucho qué desear. Y si esta experiencia se va a repetir en el caso del Fiscal autónomo, más vale dejar las cosas como están y buscar otras opciones.
En diversas entidades (como Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, etc.) la integración de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) ha sido fuertemente cuestionada al nombrarse a personas con nexos a los gobiernos en turno, por militar en partidos políticos o no llenar los perfiles establecidos en la Ley. En pocas palabras, por ser representaciones que no garantizan autonomía y menos, que trabajarán en beneficio de la sociedad.
Aquí en Baja California no fuimos la excepción. El proceso de selección de miembros del CPC estuvo viciado de origen al no apegarse a la Ley y haber opacidad en los nombramientos. En su oportunidad recomendé a varias organizaciones empresariales de Mexicali hacer un exhorto público al Comité de Selección del SEA para que divulgara los pormenores de su decisión, cosa que no prosperó.
La falta de una censura a tiempo y organizada ha dado lugar a que las violaciones a la Ley continúen. Lo peor, antes que el SEA entre en funciones.
Hace unos días, una Comisión de 15 abogados de Tijuana presentó un escrito en el que señalan que el nombramiento para ocupar el cargo de presidente del CPC se hizo sin estar legitimado, lo que presuntamente da lugar a “…incumplimiento a los principios rectores de Legalidad, Profesionalismo, Eficiencia, Eficacia, Transparencia, entre otros”.
Lo anterior confirma que crear organismos autónomos no necesariamente garantiza el cumplimiento de los objetivos para lo que son creados, cosa que podría repetirse con la Fiscalía.
Si bien es cierto fueron muchas las organizaciones privadas que impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también lo es que han sido pasivas ante los abusos en la integración de los CPC. De aquí que prefiera un Fiscal nombrado por el Senado (a propuesta del Presidente, tal y como es la intención de AMLO), pues así tendríamos a quien reclamarle directamente en caso de no cumplir la labor. Mientras que si se utiliza un mecanismo con participación ciudadana, la responsabilidad se diluye entre personajes cuya integridad puede resultar cuestionable, tal y como ya sucede con los SEA.