¿Otra amnistía fiscal?
La Voz de la Frontera
Lunes, 30 de Julio de 2018
Me hicieron llegar el borrador de un artículo transitorio que puede contener la Ley de Ingresos de 2019.
Se trata de una amnistía para condonar adeudos fiscales de las personas y empresas que así lo soliciten. De aprobarse, se extendería la práctica de los últimos sexenios de premiar a los incumplidos.
La condonación será total o parcial tratándose de créditos fiscales causados antes del 1 de enero de 2013, en cuyo caso podría ser del 80% de la contribución, cuota compensatoria y multa por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, actualizadas.
Asimismo, el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos.
La gracia podrá pasar del 80 al 100% de los créditos cuando el contribuyente haya sido revisado por la SHCP en los ejercicios 2015 al 2017 y se determine que están al corriente.
Para los ejercicios del 2013 al 2018 la condonación será del 100%, tratándose de créditos fiscales determinados por la autoridad o los propios contribuyentes, ya sea de forma normal o por corrección. También se consideran quitas de hasta 60% en multas impuestas durante 2018 y 2019, siempre que sean pagadas dentro de los 30 días siguientes a la notificación de éstas.
Hay otras disposiciones en el proyecto que en general resultan similares a la amnistía contenida en Ley de Ingresos de 2013 con la que inició Enrique Peña Nieto su administración.
Como entonces, quienes se expresaron a favor de este tipo de programas argumentarán que la medida ayudará a que muchas MiPymes se pongan al corriente de sus obligaciones. Que podrán desactivarse muchos juicios de los contribuyentes contra el SAT, porque preferirán pagar créditos fiscales reducidos que continuar en costosos litigios. Y que redundará en ingresos adicionales para que el Estado pueda cumplir y ampliar los programas sociales y de inversión.
Por su parte, quienes estamos en contra defenderemos que este tipo de políticas son contrarias al interés general, pues no sólo resultan injustas para aquello que cumplen oportunamente, sino que fomentan la irresponsabilidad al dar beneficios a quienes no lo merecen.
En otras palabras, que sientan precedente, fomentan el fraude, premian la deshonestidad y atentan contra el principio de igualdad tributaria. Y que todo esto se traduce en un rechazo social al considerarse que se recompensa a los defraudadores y no a los ciudadanos solidarios.
De acuerdo con la organización Fundar, las amnistías fiscales promovidas por la SHCP han adolecido de la transparencia necesaria para tener certeza que se realizaron todos los esfuerzos para cobrar las deudas tributarias a los contribuyentes que sí cuentan con capacidad de pago, así como evitar que se abuse de las figuras de cancelaciones y condonaciones de créditos.
Y es que, dada la costumbre en que han caído las amnistías, grandes empresas y corporaciones utilizan la planeación fiscal para solicitar créditos a sabiendas que, tarde o temprano, podrán sacar provecho del perdón tributario. Más, cuando los grandes despachos fiscales (asesores de muchas de dichas organizaciones), utilizan su capacidad de cabildeo ante autoridades hacendarias y del Congreso precisamente para promover acciones indulgentes.
En mi opinión, es necesario que las autoridades reflexionen sobre la conveniencia de continuar con estos programas. En caso de no existir otro camino, al menos aprovechar las experiencias del pasado para establecer topes acordes al tamaño y capacidad de pago de los sujetos beneficiados.
En un país con tanta pobreza, no se justifica dejar de cobrar cantidades multimillonarias a favor de unas cuantas personas y empresas. La lucha contra la corrupción en este apartado debe ser una de las prioridades del próximo gobierno. Así se comprometió hacerlo en su Proyecto de Nación 2018-2024. Veremos si lo cumple.
Lunes, 30 de Julio de 2018
Me hicieron llegar el borrador de un artículo transitorio que puede contener la Ley de Ingresos de 2019.
Se trata de una amnistía para condonar adeudos fiscales de las personas y empresas que así lo soliciten. De aprobarse, se extendería la práctica de los últimos sexenios de premiar a los incumplidos.
La condonación será total o parcial tratándose de créditos fiscales causados antes del 1 de enero de 2013, en cuyo caso podría ser del 80% de la contribución, cuota compensatoria y multa por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, actualizadas.
Asimismo, el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos.
La gracia podrá pasar del 80 al 100% de los créditos cuando el contribuyente haya sido revisado por la SHCP en los ejercicios 2015 al 2017 y se determine que están al corriente.
Para los ejercicios del 2013 al 2018 la condonación será del 100%, tratándose de créditos fiscales determinados por la autoridad o los propios contribuyentes, ya sea de forma normal o por corrección. También se consideran quitas de hasta 60% en multas impuestas durante 2018 y 2019, siempre que sean pagadas dentro de los 30 días siguientes a la notificación de éstas.
Hay otras disposiciones en el proyecto que en general resultan similares a la amnistía contenida en Ley de Ingresos de 2013 con la que inició Enrique Peña Nieto su administración.
Como entonces, quienes se expresaron a favor de este tipo de programas argumentarán que la medida ayudará a que muchas MiPymes se pongan al corriente de sus obligaciones. Que podrán desactivarse muchos juicios de los contribuyentes contra el SAT, porque preferirán pagar créditos fiscales reducidos que continuar en costosos litigios. Y que redundará en ingresos adicionales para que el Estado pueda cumplir y ampliar los programas sociales y de inversión.
Por su parte, quienes estamos en contra defenderemos que este tipo de políticas son contrarias al interés general, pues no sólo resultan injustas para aquello que cumplen oportunamente, sino que fomentan la irresponsabilidad al dar beneficios a quienes no lo merecen.
En otras palabras, que sientan precedente, fomentan el fraude, premian la deshonestidad y atentan contra el principio de igualdad tributaria. Y que todo esto se traduce en un rechazo social al considerarse que se recompensa a los defraudadores y no a los ciudadanos solidarios.
De acuerdo con la organización Fundar, las amnistías fiscales promovidas por la SHCP han adolecido de la transparencia necesaria para tener certeza que se realizaron todos los esfuerzos para cobrar las deudas tributarias a los contribuyentes que sí cuentan con capacidad de pago, así como evitar que se abuse de las figuras de cancelaciones y condonaciones de créditos.
Y es que, dada la costumbre en que han caído las amnistías, grandes empresas y corporaciones utilizan la planeación fiscal para solicitar créditos a sabiendas que, tarde o temprano, podrán sacar provecho del perdón tributario. Más, cuando los grandes despachos fiscales (asesores de muchas de dichas organizaciones), utilizan su capacidad de cabildeo ante autoridades hacendarias y del Congreso precisamente para promover acciones indulgentes.
En mi opinión, es necesario que las autoridades reflexionen sobre la conveniencia de continuar con estos programas. En caso de no existir otro camino, al menos aprovechar las experiencias del pasado para establecer topes acordes al tamaño y capacidad de pago de los sujetos beneficiados.
En un país con tanta pobreza, no se justifica dejar de cobrar cantidades multimillonarias a favor de unas cuantas personas y empresas. La lucha contra la corrupción en este apartado debe ser una de las prioridades del próximo gobierno. Así se comprometió hacerlo en su Proyecto de Nación 2018-2024. Veremos si lo cumple.