Corrupción y organizaciones civiles
La Voz de la Frontera
Martes, 17 de Julio de 2018
El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no hace mucho dijo: “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes”.
Como era de esperarse, inmediatamente recibió críticas por ello. Algunos señalaron que su postura no era de extrañar, pues debido a sus raíces políticas era natural que confiara más en el Estado que en las organizaciones civiles. Otros más interpretaron su expresión como un rechazo a la participación de la sociedad civil para encontrar soluciones a la problemática de inseguridad, corrupción e impunidad que reinan en el país.
Y si bien las palabras pudieran considerarse en este sentido, me es obvio que no encerraban dicho posicionamiento.
Para aclarar lo anterior es necesario destacar que una cosa son las organizaciones civiles y otra la sociedad civil. Si bien las primeras emanan de esta última, no pueden considerarse en automático como típicas del sentir general de una comunidad.
De hecho, muchas veces van en sentido contrario. Así, por ejemplo, las cámaras empresariales si bien emanan de la sociedad, sus intereses y demandas no necesariamente sintonizan con los intereses mayoritarios. Y es que su propósito es coadyuvar a que sus miembros maximicen utilidades, mientras que la ciudadanía anhela al bienestar general.
Si bien hay ocasiones en que ambos posicionamientos resultan compatibles, hay otras en que no.
El hartazgo social reflejado en los resultados electorales recientes no sólo fue contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad, lo fue también hacia la adopción del modelo económico neoliberal y los gobiernos y partidos políticos que le sirvieron al conceder mayor peso a las opiniones y necesidades del sector empresarial y grupos afines, dejando en segundo término o ignorando por completo el sentir de las mayorías.
Muchas organizaciones tienen objetivos que no siempre empatan con los deseos de la comunidad. Y de hecho, pueden albergar ideologías y posicionamientos totalmente contrarios al interés general. De ahí que sea legítimo tener reservas respecto a cualquier agrupación civil.
Hace unos días tomó protesta el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEABC). En mi columna del 26 de junio señalé que en la fase de selección de dichos integrantes no sólo se dieron manifestaciones de inconformidad por la falta de “perfiles meramente ciudadanos”, sino que hay evidencia de un proceso viciado de origen al haberse incumplido la Ley en la materia.
Al respecto, se solicitó al Comité de Selección hacer del conocimiento público (transparentar), toda la información relativa a la evaluación que permitió determinar quiénes serían las personas que formarían parte del referido CPC, petición que a la fecha no ha tenido respuesta alguna.
En mi opinión es cuestionable que el referido Comité se resista a hacer del conocimiento público la información en la que se basó para elegir a los 15 integrantes, 10 técnicos y 5 honorarios, entre los más de 60 aspirantes de todo el Estado.
Si bien es cierto que la Ley no lo obliga y que pueden existir condicionantes en materia de privacidad, el órgano debiera hacerlo en aras de eliminar las sospechas que existen respecto a su actuar.
En lo personal, hice la recomendación a dirigentes de algunos organismos empresariales de Mexicali para que emitan un exhorto con la finalidad de que se revele la información pertinente. Considero que es lo menos que debe hacerse no sólo para convencer a los escépticos, como los es AMLO, por lo que respecta a las organizaciones civiles, sino para continuar la lucha frontal contra todo aquello que represente opacidad, corrupción e impunidad.
Aceptar dudas respecto al SEABC desde sus orígenes, es condenarlo al fracaso. Si lo permitimos, de poco habrán servido los esfuerzos para crear el sistema nacional. Dará la razón a quienes pensamos que lo hecho hasta ahora, no sólo es insuficiente, sino costoso. Y lo peor, que puede traducirse en una simulación más, como todas las habidas desde que Miguel de la Madrid Hurtado prometió cambios con el lema por “La Renovación Moral”.
Por el bien del país, ojalá nos equivoquemos.
Martes, 17 de Julio de 2018
El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no hace mucho dijo: “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes”.
Como era de esperarse, inmediatamente recibió críticas por ello. Algunos señalaron que su postura no era de extrañar, pues debido a sus raíces políticas era natural que confiara más en el Estado que en las organizaciones civiles. Otros más interpretaron su expresión como un rechazo a la participación de la sociedad civil para encontrar soluciones a la problemática de inseguridad, corrupción e impunidad que reinan en el país.
Y si bien las palabras pudieran considerarse en este sentido, me es obvio que no encerraban dicho posicionamiento.
Para aclarar lo anterior es necesario destacar que una cosa son las organizaciones civiles y otra la sociedad civil. Si bien las primeras emanan de esta última, no pueden considerarse en automático como típicas del sentir general de una comunidad.
De hecho, muchas veces van en sentido contrario. Así, por ejemplo, las cámaras empresariales si bien emanan de la sociedad, sus intereses y demandas no necesariamente sintonizan con los intereses mayoritarios. Y es que su propósito es coadyuvar a que sus miembros maximicen utilidades, mientras que la ciudadanía anhela al bienestar general.
Si bien hay ocasiones en que ambos posicionamientos resultan compatibles, hay otras en que no.
El hartazgo social reflejado en los resultados electorales recientes no sólo fue contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad, lo fue también hacia la adopción del modelo económico neoliberal y los gobiernos y partidos políticos que le sirvieron al conceder mayor peso a las opiniones y necesidades del sector empresarial y grupos afines, dejando en segundo término o ignorando por completo el sentir de las mayorías.
Muchas organizaciones tienen objetivos que no siempre empatan con los deseos de la comunidad. Y de hecho, pueden albergar ideologías y posicionamientos totalmente contrarios al interés general. De ahí que sea legítimo tener reservas respecto a cualquier agrupación civil.
Hace unos días tomó protesta el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEABC). En mi columna del 26 de junio señalé que en la fase de selección de dichos integrantes no sólo se dieron manifestaciones de inconformidad por la falta de “perfiles meramente ciudadanos”, sino que hay evidencia de un proceso viciado de origen al haberse incumplido la Ley en la materia.
Al respecto, se solicitó al Comité de Selección hacer del conocimiento público (transparentar), toda la información relativa a la evaluación que permitió determinar quiénes serían las personas que formarían parte del referido CPC, petición que a la fecha no ha tenido respuesta alguna.
En mi opinión es cuestionable que el referido Comité se resista a hacer del conocimiento público la información en la que se basó para elegir a los 15 integrantes, 10 técnicos y 5 honorarios, entre los más de 60 aspirantes de todo el Estado.
Si bien es cierto que la Ley no lo obliga y que pueden existir condicionantes en materia de privacidad, el órgano debiera hacerlo en aras de eliminar las sospechas que existen respecto a su actuar.
En lo personal, hice la recomendación a dirigentes de algunos organismos empresariales de Mexicali para que emitan un exhorto con la finalidad de que se revele la información pertinente. Considero que es lo menos que debe hacerse no sólo para convencer a los escépticos, como los es AMLO, por lo que respecta a las organizaciones civiles, sino para continuar la lucha frontal contra todo aquello que represente opacidad, corrupción e impunidad.
Aceptar dudas respecto al SEABC desde sus orígenes, es condenarlo al fracaso. Si lo permitimos, de poco habrán servido los esfuerzos para crear el sistema nacional. Dará la razón a quienes pensamos que lo hecho hasta ahora, no sólo es insuficiente, sino costoso. Y lo peor, que puede traducirse en una simulación más, como todas las habidas desde que Miguel de la Madrid Hurtado prometió cambios con el lema por “La Renovación Moral”.
Por el bien del país, ojalá nos equivoquemos.