SEA: Inconformidad con proceso para la integración del Comité de Participación Ciudadana (CPC)
La Voz de la Frontera
Martes, 26 de Junio de 2018
Dice un refrán popular: “Lo que mal empieza, mal acaba”. Por el bien de Baja California, espero que esta máxima no se cumpla en el caso del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual, en su fase de selección de integrantes para el Consejo Ciudadano, no sólo ya levantó inconformidad por la falta de “perfiles meramente ciudadanos”, sino que hay evidencias de un proceso viciado de origen al haberse incumplido la ley en la materia.
A días de conocerse la lista de los diez integrantes técnicos y cinco honoríficos seleccionados, el semanario Zeta en su edición más reciente señala que entre ellos hay uno que “…es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, según consta en la base de datos del partido disponible para su consulta en línea”. A este particular, la Ley refiere como condición: “No haber sido candidato a algún cargo de elección popular o afiliado a algún partido político durante los tres años anteriores al día de la designación”.
La revista también destaca que la persona alusiva tiene una denuncia ante la PGJE por posibles delitos de “fraude, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas”. Y añade que algunos de los elegidos son exfuncionarios, a la vez que señala que opositores en el Congreso acusan al Gobernador del Estado de intromisión en los nombramientos.
En otros círculos se comenta que algunos de los selectos, más que destacar por méritos profesionales y “su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción” -requisitos establecidos en la Ley-, lo hacen por su parentesco con políticos, funcionarios públicos en activo o nexos con el partido en el poder.
Al analizar el proceso de selección, se advierte que la convocatoria no sólo adolece de errores ortográficos, sino incumplió -al menos- un artículo especifico de la ley. Entre los deslices destaca en las bases de la convocatoria uno consistente en asentar “y y/o”, error que en términos legales da lugar a interpretaciones encontradas.
En cuanto a incumplimiento de la Ley del SEA, el artículo 18 señala: “La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria…”. Y luego añade: “Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección (subrayado mío) de los integrantes… y deberá considerar al menos las siguientes características: a) El método de registro y evaluación de los aspirantes”. A mi entender, la Comisión debió contar con los elementos antes descritos al momento de lanzar la convocatoria. Y si bien la ley no lo especifica, era de esperarse que éstos se pusieran a disposición de los postulantes al hacerse pública la invitación, cosa que no sucedió.
La convocatoria se integró el 1 de abril del año en curso, mientras que la metodología para la evaluación se elaboró el 11 de mayo. Esta última se publicó en el portal del Congreso unos días antes de llevarse a cabo las entrevistas, lo que significó que la mayoría de los solicitantes desconocieran cuáles serían los criterios aplicables.
Lo menos que puede decirse es que el comité selectivo no siguió la ley al pie de la letra, como tampoco usó los medios necesarios para evitar errores en los documentos que emitió. Esto llama la atención, pues quien lo preside es director de la Facultad de Derecho de la UABC, mientras tres de los otros cuatro integrantes ostentan títulos de abogado, cuentan con posgrado en la materia y se desempeñan como profesores de nivel superior. Por ello me pregunto: Si quienes tienen la responsabilidad de enseñar la importancia de respetar el Estado de Derecho no ponen el cuidado necesario para garantizarlo, entonces ¿quién puede hacerlo?
Algunos imputan al Congreso del Estado de no facilitar los medios necesarios (físicos y humanos) para la realización de las labores de la citada Comisión. Si bien esto no justifica las omisiones y violaciones a la ley, es indicativo de su falta de compromiso para que el SEA funcione lo más pronto posible.
De igual manera, ilustra una ausencia de respeto hacia una ciudadanía harta de la corrupción e impunidad que impera en todo el país. A esto se suma la lentitud para dar trámite al proceso de elección del fiscal anticorrupción, para lo cual se requiere primero nombrar al fiscal general, mientras se advierte que ni siquiera se ha discutido el tema en comisiones.
Lo anterior confirma lo que algunos pensamos: Que los corruptos hacen todo lo posible para que la lucha contra ellos sea sólo una simulación. Que aparentan apoyar avances para el cambio, como lo es constituir los sistemas anticorrupción y permitir una “participación ciudadana”. No obstante, al posicionar a personas afines a ellos logran corromperlos antes de que empiecen a operar.
No hay duda, las circunstancias apuntan a una transgresión a los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en la designación de los miembros del CPC. En función de ello, debemos preguntarnos: ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que sigan con simulaciones y avances a paso de tortuga cuando la corrupción y la impunidad van a todo galope? ¿Cuándo vamos a armarnos de valor para decir basta?
Martes, 26 de Junio de 2018
Dice un refrán popular: “Lo que mal empieza, mal acaba”. Por el bien de Baja California, espero que esta máxima no se cumpla en el caso del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual, en su fase de selección de integrantes para el Consejo Ciudadano, no sólo ya levantó inconformidad por la falta de “perfiles meramente ciudadanos”, sino que hay evidencias de un proceso viciado de origen al haberse incumplido la ley en la materia.
A días de conocerse la lista de los diez integrantes técnicos y cinco honoríficos seleccionados, el semanario Zeta en su edición más reciente señala que entre ellos hay uno que “…es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, según consta en la base de datos del partido disponible para su consulta en línea”. A este particular, la Ley refiere como condición: “No haber sido candidato a algún cargo de elección popular o afiliado a algún partido político durante los tres años anteriores al día de la designación”.
La revista también destaca que la persona alusiva tiene una denuncia ante la PGJE por posibles delitos de “fraude, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas”. Y añade que algunos de los elegidos son exfuncionarios, a la vez que señala que opositores en el Congreso acusan al Gobernador del Estado de intromisión en los nombramientos.
En otros círculos se comenta que algunos de los selectos, más que destacar por méritos profesionales y “su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción” -requisitos establecidos en la Ley-, lo hacen por su parentesco con políticos, funcionarios públicos en activo o nexos con el partido en el poder.
Al analizar el proceso de selección, se advierte que la convocatoria no sólo adolece de errores ortográficos, sino incumplió -al menos- un artículo especifico de la ley. Entre los deslices destaca en las bases de la convocatoria uno consistente en asentar “y y/o”, error que en términos legales da lugar a interpretaciones encontradas.
En cuanto a incumplimiento de la Ley del SEA, el artículo 18 señala: “La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria…”. Y luego añade: “Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección (subrayado mío) de los integrantes… y deberá considerar al menos las siguientes características: a) El método de registro y evaluación de los aspirantes”. A mi entender, la Comisión debió contar con los elementos antes descritos al momento de lanzar la convocatoria. Y si bien la ley no lo especifica, era de esperarse que éstos se pusieran a disposición de los postulantes al hacerse pública la invitación, cosa que no sucedió.
La convocatoria se integró el 1 de abril del año en curso, mientras que la metodología para la evaluación se elaboró el 11 de mayo. Esta última se publicó en el portal del Congreso unos días antes de llevarse a cabo las entrevistas, lo que significó que la mayoría de los solicitantes desconocieran cuáles serían los criterios aplicables.
Lo menos que puede decirse es que el comité selectivo no siguió la ley al pie de la letra, como tampoco usó los medios necesarios para evitar errores en los documentos que emitió. Esto llama la atención, pues quien lo preside es director de la Facultad de Derecho de la UABC, mientras tres de los otros cuatro integrantes ostentan títulos de abogado, cuentan con posgrado en la materia y se desempeñan como profesores de nivel superior. Por ello me pregunto: Si quienes tienen la responsabilidad de enseñar la importancia de respetar el Estado de Derecho no ponen el cuidado necesario para garantizarlo, entonces ¿quién puede hacerlo?
Algunos imputan al Congreso del Estado de no facilitar los medios necesarios (físicos y humanos) para la realización de las labores de la citada Comisión. Si bien esto no justifica las omisiones y violaciones a la ley, es indicativo de su falta de compromiso para que el SEA funcione lo más pronto posible.
De igual manera, ilustra una ausencia de respeto hacia una ciudadanía harta de la corrupción e impunidad que impera en todo el país. A esto se suma la lentitud para dar trámite al proceso de elección del fiscal anticorrupción, para lo cual se requiere primero nombrar al fiscal general, mientras se advierte que ni siquiera se ha discutido el tema en comisiones.
Lo anterior confirma lo que algunos pensamos: Que los corruptos hacen todo lo posible para que la lucha contra ellos sea sólo una simulación. Que aparentan apoyar avances para el cambio, como lo es constituir los sistemas anticorrupción y permitir una “participación ciudadana”. No obstante, al posicionar a personas afines a ellos logran corromperlos antes de que empiecen a operar.
No hay duda, las circunstancias apuntan a una transgresión a los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en la designación de los miembros del CPC. En función de ello, debemos preguntarnos: ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que sigan con simulaciones y avances a paso de tortuga cuando la corrupción y la impunidad van a todo galope? ¿Cuándo vamos a armarnos de valor para decir basta?