El aumento al SM: ¿Congruencia empresarial?
La Voz de la Frontera
Miércoles, 2 de Mayo de 2018
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó recientemente que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) cumpla con el compromiso que hizo en noviembre próximo pasado de llevar a cabo otra revisión del salario mínimo (SM) en abril de este año.
Propone que se fije en un monto de $98.15 pesos diarios, lo que significaría un incremento de casi 11.1%, con relación a los $88.36 pesos que rigen actualmente.
La postura empresarial parte del reconocimiento de que la economía mexicana no ha tenido los resultados esperados conforme a su potencial de crecimiento. Y esto ha sido, entre otras cosas, consecuencia de aplicar políticas enfocadas a crecer con base al desempeño de factores externos y no del fortalecimiento del mercado interno. También a que ven con preocupación el marcado deterioro de la calidad de vida de quienes trabajan en el sector formal a cambio de este ingreso, mismo que hace tiempo resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Con ello, que los riesgos de enfrentar mayores niveles de inseguridad pública crezcan, así como un posible estallido social.
La contención salarial ha formado parte de las políticas económicas que adoptaron los gobiernos durante las últimas décadas. Esto con el fin de atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) y fortalecer a los grupos corporativos nacionales. Esta situación nos ha llevado a tener los niveles salariales más bajos de los países miembros de la OCDE, así como en América Latina.
En este contexto, si bien la postura de los empresarios resulta entendible, no deja de ser controversial. Y es que desde hace mucho promueven la idea de que la intervención del Estado en la economía debe ser mínima. De hecho, a partir de un dominio del pensamiento económico neoliberal en nuestro país, han pugnado por eliminar el SM y dejar su determinación a las fuerzas de mercado.
En congruencia con el principio anterior, creo que sería razonable que el sector privado -particularmente las medianas y grandes empresas- predicaran con el ejemplo, es decir, empezaran por elevar los sueldos y salarios en sus respectivas organizaciones, de conformidad a sus posibilidades financieras.
Lamentablemente, los números apuntan a que han hecho todo lo contrario. Y la exigencia de los gobiernos de EUA y Canadá de aumentar los salarios en México como condición para la continuidad del TLCAN, se sustenta en esta realidad.
La precarización del mercado laboral se ve reflejada en un trabajo reciente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). En éste se resalta que sólo el 1% del total de la población ocupada (52.4 millones), es decir, 531 mil personas, tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos, mientras 2.1 millones de personas (2.4% de la población ocupada) recibe entre 5 y 10 SM. En contraste, alrededor del 42% tiene un ingreso laboral de hasta de 1 SM, lo que implica que 7.4 millones de personas están en pobreza laboral.
El referido trabajo destaca también que entre el primer trimestre del 2005 y el cuarto de 2017, el número de personas que ganaba más de 5 SM se redujo de 4.2 millones a sólo 2.4 millones, una caída de 57%.
Hay que reconocer la visión de algunas cúpulas empresariales sobre la necesidad de restituir el poder adquisitivo del SM. Pero igualmente sería deseable que hicieran un llamado a sus agremiados para que compartan el crecimiento que registran sus ingresos. Especialmente, tratándose de medianas y grandes empresas que en los hechos no sólo restringen el incremento nominal de las percepciones, sino que las reducen en términos reales de manera premeditada. Y esto, mientras presumen a sus accionistas resultados financieros extraordinarios en nuestro país, en comparación a otras latitudes, tal como sucede en el caso del sector financiero.
El tema salarial debe revisarse a fondo. Y es que no sólo hay que mejorar el nivel de bienestar de las clases más desprotegidas, sino garantizar que la inversión que hacemos en materia educativa tenga un retorno justo y equitativo.
Miércoles, 2 de Mayo de 2018
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó recientemente que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) cumpla con el compromiso que hizo en noviembre próximo pasado de llevar a cabo otra revisión del salario mínimo (SM) en abril de este año.
Propone que se fije en un monto de $98.15 pesos diarios, lo que significaría un incremento de casi 11.1%, con relación a los $88.36 pesos que rigen actualmente.
La postura empresarial parte del reconocimiento de que la economía mexicana no ha tenido los resultados esperados conforme a su potencial de crecimiento. Y esto ha sido, entre otras cosas, consecuencia de aplicar políticas enfocadas a crecer con base al desempeño de factores externos y no del fortalecimiento del mercado interno. También a que ven con preocupación el marcado deterioro de la calidad de vida de quienes trabajan en el sector formal a cambio de este ingreso, mismo que hace tiempo resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Con ello, que los riesgos de enfrentar mayores niveles de inseguridad pública crezcan, así como un posible estallido social.
La contención salarial ha formado parte de las políticas económicas que adoptaron los gobiernos durante las últimas décadas. Esto con el fin de atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) y fortalecer a los grupos corporativos nacionales. Esta situación nos ha llevado a tener los niveles salariales más bajos de los países miembros de la OCDE, así como en América Latina.
En este contexto, si bien la postura de los empresarios resulta entendible, no deja de ser controversial. Y es que desde hace mucho promueven la idea de que la intervención del Estado en la economía debe ser mínima. De hecho, a partir de un dominio del pensamiento económico neoliberal en nuestro país, han pugnado por eliminar el SM y dejar su determinación a las fuerzas de mercado.
En congruencia con el principio anterior, creo que sería razonable que el sector privado -particularmente las medianas y grandes empresas- predicaran con el ejemplo, es decir, empezaran por elevar los sueldos y salarios en sus respectivas organizaciones, de conformidad a sus posibilidades financieras.
Lamentablemente, los números apuntan a que han hecho todo lo contrario. Y la exigencia de los gobiernos de EUA y Canadá de aumentar los salarios en México como condición para la continuidad del TLCAN, se sustenta en esta realidad.
La precarización del mercado laboral se ve reflejada en un trabajo reciente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). En éste se resalta que sólo el 1% del total de la población ocupada (52.4 millones), es decir, 531 mil personas, tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos, mientras 2.1 millones de personas (2.4% de la población ocupada) recibe entre 5 y 10 SM. En contraste, alrededor del 42% tiene un ingreso laboral de hasta de 1 SM, lo que implica que 7.4 millones de personas están en pobreza laboral.
El referido trabajo destaca también que entre el primer trimestre del 2005 y el cuarto de 2017, el número de personas que ganaba más de 5 SM se redujo de 4.2 millones a sólo 2.4 millones, una caída de 57%.
Hay que reconocer la visión de algunas cúpulas empresariales sobre la necesidad de restituir el poder adquisitivo del SM. Pero igualmente sería deseable que hicieran un llamado a sus agremiados para que compartan el crecimiento que registran sus ingresos. Especialmente, tratándose de medianas y grandes empresas que en los hechos no sólo restringen el incremento nominal de las percepciones, sino que las reducen en términos reales de manera premeditada. Y esto, mientras presumen a sus accionistas resultados financieros extraordinarios en nuestro país, en comparación a otras latitudes, tal como sucede en el caso del sector financiero.
El tema salarial debe revisarse a fondo. Y es que no sólo hay que mejorar el nivel de bienestar de las clases más desprotegidas, sino garantizar que la inversión que hacemos en materia educativa tenga un retorno justo y equitativo.