Problemática del Transporte Público en Mexicali
La Voz de la Frontera
Martes 27 de Febrero de 2018
No se necesita ser analista financiero para entender que quienes participan en el mundo de los negocios lo hacen atraídos por el lucro, es decir, por el ingreso, beneficio económico, ganancia, utilidad o plusvalía que pueden obtener. De aquí que popularmente se diga: “Negocio que no deja, se deja”.
La premisa anterior es aplicable al transporte público urbano cuando es el sector privado el que lo proporciona. Y si bien no se puede olvidar que el servicio es de interés comunitario, tampoco que es a la autoridad a quien corresponde encontrar cómo conciliar los intereses.
Lamentablemente, los políticos se dejan llevar por ambiciones personales o de grupo. Esto se traduce en que opten por caminos que terminan siendo una carga para la sociedad. En su afán de escalar y continuar en el poder, evitan decisiones que impliquen algún rechazo social, por lo que ya es costumbre den largas a la revisión de las tarifas de transporte público. Esto, sin importar sacrificar su eficiencia y eficacia.
Está claro que el llamado “gasolinazo” a principios del año pasado, la depreciación de nuestra moneda respecto al dólar, las revisiones salariales, el aumento de las tasas de interés y, en general, el proceso inflacionario, ha significado un aumento considerable de los costos de operación para los transportistas urbanos en todo el país.
En Mexicali, la tarifa en vigor fue autorizada en julio de 2014, por lo que el incremento de costos desde esa fecha ha sido cubierto por los prestadores del servicio, en detrimento de su capacidad operativa. En Ensenada las autoridades autorizaron un incremento en julio del año pasado, mientras en Tijuana se hizo a partir de agosto. En muchas otras ciudades del país, las revisiones se hicieron desde enero de 2017.
Es entendible se busque evitar el detrimento del bienestar de los usuarios que origina un aumento de las tarifas. Sin embargo, cuando la autoridad es omisa en la búsqueda de una solución, lo que logra es que empeoren las condiciones del servicio.
Ante el desequilibrio de ingresos y costos, los transportistas necesariamente adoptan medidas para paliar su situación. Así no debe extrañar que procedan a cancelar rutas, reduzcan la frecuencia con que pasan las unidades (cadencia horaria) y, en general, empleen unidades cada vez con mayor deterioro.
El quebranto del transporte urbano hace que los usuarios busquen alternativas, desde organizar carpools hasta adquirir medios propios como bicicletas, motos y automóviles. Por tratarse de personas de ingreso limitado, lo más probable es que adquieran unidades cuyo estado mecánico no sea satisfactorio (contaminante) o incluso incumplan los requisitos legales para circular (autos sin importar o sin placas).
La falta de atención de las autoridades en el tema no sólo complica la vida a transportistas y usuarios, sino provoca un deterioro del Estado de Derecho, al promover usos de alternativas que violan la Ley. En Mexicali ha dado lugar a un mercado oferente paralelo e ilegal, destinado a atender las necesidades del sector maquilador. Si bien este tipo de empresas ha resuelto sus necesidades y las de sus trabajadores, ello ha sido a expensas del aforo para los concesionarios autorizados, lo que se traduce en costos por pasajero muy superiores a los que deberían existir.
En el contexto descrito, la ciudad sufre la falta de un servicio acorde a sus posibilidades y necesidades. Así, los concesionarios urbanos pierden oportunidades de ingreso, lo que a su vez redunda en un mal servicio. No soy partidario de los subsidios porque éstos lo único que logran es perpetuar las distorsiones económicas. Lo ideal es que los trabajadores perciban sueldos suficientes para cubrir una tarifa sin necesidad de apoyos.
No obstante, ante la realidad procede que el gobierno (estatal y municipal) busquen otorgar un subsidio a las empresas transportistas para evitar un impacto desproporcional a la sociedad, ante la irresponsabilidad de no haber aplicado ajustes a tiempo. Esto, claro está, con el compromiso de eliminar en un plazo razonable el mercado de transporte furtivo.
Los organismos empresariales deberían promover este compromiso en vez de rechazar la revisión de la tarifa. No entiendo por qué se oponen a que otros obtengan los beneficios que corresponden por tener un negocio. Un buen servicio de transporte público puede ser compatible con las aspiraciones de usuarios y prestadores. Lo único que se requiere es tomar en cuenta el interés social, dejar a un lado las corruptelas y aplicar las soluciones que recomiendan los expertos.
Martes 27 de Febrero de 2018
No se necesita ser analista financiero para entender que quienes participan en el mundo de los negocios lo hacen atraídos por el lucro, es decir, por el ingreso, beneficio económico, ganancia, utilidad o plusvalía que pueden obtener. De aquí que popularmente se diga: “Negocio que no deja, se deja”.
La premisa anterior es aplicable al transporte público urbano cuando es el sector privado el que lo proporciona. Y si bien no se puede olvidar que el servicio es de interés comunitario, tampoco que es a la autoridad a quien corresponde encontrar cómo conciliar los intereses.
Lamentablemente, los políticos se dejan llevar por ambiciones personales o de grupo. Esto se traduce en que opten por caminos que terminan siendo una carga para la sociedad. En su afán de escalar y continuar en el poder, evitan decisiones que impliquen algún rechazo social, por lo que ya es costumbre den largas a la revisión de las tarifas de transporte público. Esto, sin importar sacrificar su eficiencia y eficacia.
Está claro que el llamado “gasolinazo” a principios del año pasado, la depreciación de nuestra moneda respecto al dólar, las revisiones salariales, el aumento de las tasas de interés y, en general, el proceso inflacionario, ha significado un aumento considerable de los costos de operación para los transportistas urbanos en todo el país.
En Mexicali, la tarifa en vigor fue autorizada en julio de 2014, por lo que el incremento de costos desde esa fecha ha sido cubierto por los prestadores del servicio, en detrimento de su capacidad operativa. En Ensenada las autoridades autorizaron un incremento en julio del año pasado, mientras en Tijuana se hizo a partir de agosto. En muchas otras ciudades del país, las revisiones se hicieron desde enero de 2017.
Es entendible se busque evitar el detrimento del bienestar de los usuarios que origina un aumento de las tarifas. Sin embargo, cuando la autoridad es omisa en la búsqueda de una solución, lo que logra es que empeoren las condiciones del servicio.
Ante el desequilibrio de ingresos y costos, los transportistas necesariamente adoptan medidas para paliar su situación. Así no debe extrañar que procedan a cancelar rutas, reduzcan la frecuencia con que pasan las unidades (cadencia horaria) y, en general, empleen unidades cada vez con mayor deterioro.
El quebranto del transporte urbano hace que los usuarios busquen alternativas, desde organizar carpools hasta adquirir medios propios como bicicletas, motos y automóviles. Por tratarse de personas de ingreso limitado, lo más probable es que adquieran unidades cuyo estado mecánico no sea satisfactorio (contaminante) o incluso incumplan los requisitos legales para circular (autos sin importar o sin placas).
La falta de atención de las autoridades en el tema no sólo complica la vida a transportistas y usuarios, sino provoca un deterioro del Estado de Derecho, al promover usos de alternativas que violan la Ley. En Mexicali ha dado lugar a un mercado oferente paralelo e ilegal, destinado a atender las necesidades del sector maquilador. Si bien este tipo de empresas ha resuelto sus necesidades y las de sus trabajadores, ello ha sido a expensas del aforo para los concesionarios autorizados, lo que se traduce en costos por pasajero muy superiores a los que deberían existir.
En el contexto descrito, la ciudad sufre la falta de un servicio acorde a sus posibilidades y necesidades. Así, los concesionarios urbanos pierden oportunidades de ingreso, lo que a su vez redunda en un mal servicio. No soy partidario de los subsidios porque éstos lo único que logran es perpetuar las distorsiones económicas. Lo ideal es que los trabajadores perciban sueldos suficientes para cubrir una tarifa sin necesidad de apoyos.
No obstante, ante la realidad procede que el gobierno (estatal y municipal) busquen otorgar un subsidio a las empresas transportistas para evitar un impacto desproporcional a la sociedad, ante la irresponsabilidad de no haber aplicado ajustes a tiempo. Esto, claro está, con el compromiso de eliminar en un plazo razonable el mercado de transporte furtivo.
Los organismos empresariales deberían promover este compromiso en vez de rechazar la revisión de la tarifa. No entiendo por qué se oponen a que otros obtengan los beneficios que corresponden por tener un negocio. Un buen servicio de transporte público puede ser compatible con las aspiraciones de usuarios y prestadores. Lo único que se requiere es tomar en cuenta el interés social, dejar a un lado las corruptelas y aplicar las soluciones que recomiendan los expertos.