No a los Carriles Médicos Turísticos

La Voz de la Frontera
Martes 13 de Febrero de 2018

Hace unos días, el director del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali (Cotuco), Omar Dipp Núñez, dijo que se percataron de la venta ilegal de pases para el llamado “carril médico”, mismo que utilizan automovilistas extranjeros para no hacer fila al cruzar a EUA por la garita internacional del centro de la ciudad.

La noticia no fue novedad, pues estas irregularidades existen desde inicios del programa. En fecha previa refirió que la garita que se construye en Río Nuevo deberá contar con un “carril especial turístico”, motivo para el cual preparan un proyecto al respecto. Adelantó que no sólo beneficiaría al sector Salud de la ciudad, sino que podría ser utilizado por industriales y comerciantes con el propósito de promover la actividad económica. Cabe destacar que este tipo de facilidades sólo existen en Tijuana y Mexicali.

En mi opinión, el esquema en operación, así como la idea de un nuevo “carril turístico”, requiere de un análisis a fondo. Uno que tome en consideración no sólo el beneficio para las actividades económicas, sino el impacto que significa para la comunidad en general.

En principio es necesario revisar si estas medidas administrativas cumplen o no con las disposiciones legales vigentes, pues -hoy más que nunca- el consenso apunta a que es urgente fortalecer el Estado de Derecho. A reserva de conocer el dictamen de los expertos, considero que los Ayuntamientos violan la Constitución en sus partes relativas a derechos humanos (Art. 1º), libertad de tránsito (Art. 11) y facultades de los municipios para la prestación de los servicios públicos (Art. 115).

El pase para uso del carril médico está a disposición exclusiva de los visitantes extranjeros que acuden a hospitales, clínicas, médicos, dentistas, farmacias y veterinarias inscritos en el programa. Si bien la intención es incentivar e incrementar la afluencia turística, privatiza la vía pública y discrimina contra los mexicanos.

El Ayuntamiento cobra $2,600 pesos de inscripción a las empresas o personas físicas (especialistas) que desean adquirir los permisos para sus clientes a un precio de $60 pesos cada uno. En 2016 un total de 43,052 automóviles utilizaron este servicio, mientras para 2017 la cifra se elevó a 51,034 unidades, es decir, un promedio diario de 118 y 140 cruces, respectivamente, lo que significó un crecimiento interanual de 18.5%.

Si bien es cierto que el año pasado los ingresos municipales se incrementaron en alrededor de 3.1 millones de pesos gracias al programa, también lo es que el conjunto de quienes cruzaron a EUA incurrió en un costo mayor debido al aumento promedio en los tiempos de espera como resultado de aquellos que se meten a la fila con “autorización oficial”.

Un cálculo conservador (considerando únicamente el consumo adicional de combustibles y el tiempo que se pierde) arroja un costo cercano a 11 millones de pesos, con lo que el desembolso neto para la sociedad fue de alrededor de 8 millones de pesos.

El costo social representa un impuesto oculto para el conjunto de quienes hacen fila, a la vez que un apoyo (transferencia) a las empresas/especialistas que se benefician con la entrega del pase médico a sus clientes.

Habrá quien afirme que el “carril médico” tiene propósitos humanitarios, pero el número de pases expedidos contradice este argumento. Y también quien señale que es la respuesta mexicana al programa SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection) de EUA. Al respecto, hay que recordar que éste se adoptó en base a dos considerandos: Por un lado, para elevar los niveles de seguridad nacional (se investiga detalladamente a quienes lo solicitan) y por otro, para agilizar los cruces fronterizos. No es discriminatorio, pues está disponible lo mismo a estadounidenses que a mexicanos. Y el gobierno norteamericano creó infraestructura adicional para no afectar a quienes cruzan por las puertas de entrada tradicionales.

En contraparte, el carril médico trabaja a expensas de quienes hacen fila y su autorización corre a cargo de una instancia local. Adolece de una planeación adecuada al confundirse con el de la SENTRI, lo que genera embotellamientos durante horas pico y es causa de accidentes y altercados entre usuarios.

Si bien es entendible que se busquen formas de incentivar la economía, no se justifica aplicar medidas que discriminan y denigran a la ciudadanía. Tampoco que sean una carga oculta para una sociedad agraviada por la inequitativa distribución del ingreso.

Si permitimos que este programa continúe, ¿qué impedirá que mañana no se abuse al grado de dejar sólo un carril de acceso libre a la garita?

Los mexicanos no podemos aceptar políticas que atentan contra las libertades y signifiquen ser tratados como ciudadanos de segunda frente a los extranjeros. Los ediles municipales y los legisladores estatales han sido omisos al permitir esta arbitrariedad. De aquí que debamos exigirles respeto a la Ley y su aplicación por igual para todos.