Presidenciables, Ni a Cuál Irle
La Voz de la Frontera
Martes 19 de Diciembre de 2017
El arranque de las precampañas para la Presidencia de la República tiene, hasta ahora, un denominador en común. Entre todos los aspirantes no hay uno sólo que haya expresado compromiso franco y directo para llevar a cabo el cambio que el país más necesita: El de su sistema político.
Hace algunos años, el expresidente Miguel de la Madrid, en entrevista con Carmen Aristegui, causó gran revuelo al aceptar -a pregunta expresa- que la impunidad es condición necesaria para el funcionamiento de la maquinaria política del país. En otras palabras, que se ha construido un sistema para que se puedan cometer todo tipo de actos de corrupción y no enfrentar el castigo de la justicia.
A ocho años del encuentro y a pesar de haber sido presionado para desistirse de lo asentado argumentando razones de salud, los hechos constatan que De la Madrid tenía razón. El Sistema Nacional Anticorrupción, si bien representa un avance sustancial, no ataca las raíces del problema. Es un proyecto diseñado para dar resultados a largo plazo, como lo demuestra el hecho que ya pasó año y medio desde que se aprobó la Ley y el Senado aún no nombra al fiscal o a los magistrados de las salas especializadas anticorrupción.
Todas las excusas para no hacerlo salen sobrando. Está claro que no les interesa que entre en funcionamiento lo que de alguna manera vendrá a alterar el curso de abuso de poder que tienen actualmente. Y menos, entrar a una discusión que los obligue a reformar el sistema de partidos que subyuga a su mínima expresión nuestra democracia.
A la fecha, ninguno de los precandidatos a la Presidencia ha expresado voluntad para llevar la lucha anticorrupción hasta sus últimas consecuencias, entendida ésta como someter a juicio a nuestro actual mandatario, de comprobarse su involucramiento en torno al caso Odebrecht, “la casa blanca” u otros. Andrés Manuel López Obrador, quien se distingue por traer como bandera el tema desde hace varios años, en una entrevista que le hizo Jorge Ramos en mayo señaló que en caso de ganar, en su gobierno prevalecerá el Estado de Derecho y “no va haber persecución”.
José Antonio Meade, en una entrevista que concedió al diario El País el día 2 del mes en curso, a pregunta si investigaría casos de corrupción de la administración de Peña Nieto, sin importar quiénes estuvieran involucrados, respondió: “Tenemos que movernos en un esquema en el que la pregunta no sea válida. Un esquema que funcione para todos, en donde el acceso a la justicia y a la rendición de cuentas sea igual para cualquier funcionario. Vamos a funcionar bien cuando la pregunta deje de tener mérito”.
Por su parte, Ricardo Anaya -en entrevista realizada por El País el 13 del mes en curso- a cuestionamiento sobre si para combatir la corrupción estaría dispuesto a investigar “cualquier caso de esta administración o de las anteriores panistas afecte a quien afecte”, señaló: “A diferencia de Meade y de López Obrador contesto que sí, tope con quien tope”. No obstante, Anaya es acusado por miembros de su propio partido de haber incurrido en actos de corrupción para la precandidatura. Asimismo, existe una denuncia ante la fiscalía por el incremento de sus bienes, al igual que en el SAT por posibles delitos de carácter fiscal.
Tratándose de los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, si bien se declaran en contra de la corrupción, especialmente por la que ha impulsado el PRI, no se han expresado respecto a las acusaciones que versan sobre Peña Nieto. Muchos critican a quien fuera la “primera dama” por su pasividad o complicidad ante los excesos de su esposo, particularmente por aquellos en que éste incurrió al declararle la guerra al narcotráfico. Y pesan acusaciones contra “El Bronco” por la utilización de fondos públicos para la obtención de firmas para la candidatura, así como por enriquecimiento inexplicable.
La verdad, en la carrera presidencial las declaraciones apuntan a que “la caballada está flaca”. En los temas más importantes, los candidatos deben ser más claros y precisos. Asimismo, conviene definan metas y tiempos para lograrlo. Mientras no lo hagan, quienes ejercemos el voto razonado nos mantendremos en el limbo.
Martes 19 de Diciembre de 2017
El arranque de las precampañas para la Presidencia de la República tiene, hasta ahora, un denominador en común. Entre todos los aspirantes no hay uno sólo que haya expresado compromiso franco y directo para llevar a cabo el cambio que el país más necesita: El de su sistema político.
Hace algunos años, el expresidente Miguel de la Madrid, en entrevista con Carmen Aristegui, causó gran revuelo al aceptar -a pregunta expresa- que la impunidad es condición necesaria para el funcionamiento de la maquinaria política del país. En otras palabras, que se ha construido un sistema para que se puedan cometer todo tipo de actos de corrupción y no enfrentar el castigo de la justicia.
A ocho años del encuentro y a pesar de haber sido presionado para desistirse de lo asentado argumentando razones de salud, los hechos constatan que De la Madrid tenía razón. El Sistema Nacional Anticorrupción, si bien representa un avance sustancial, no ataca las raíces del problema. Es un proyecto diseñado para dar resultados a largo plazo, como lo demuestra el hecho que ya pasó año y medio desde que se aprobó la Ley y el Senado aún no nombra al fiscal o a los magistrados de las salas especializadas anticorrupción.
Todas las excusas para no hacerlo salen sobrando. Está claro que no les interesa que entre en funcionamiento lo que de alguna manera vendrá a alterar el curso de abuso de poder que tienen actualmente. Y menos, entrar a una discusión que los obligue a reformar el sistema de partidos que subyuga a su mínima expresión nuestra democracia.
A la fecha, ninguno de los precandidatos a la Presidencia ha expresado voluntad para llevar la lucha anticorrupción hasta sus últimas consecuencias, entendida ésta como someter a juicio a nuestro actual mandatario, de comprobarse su involucramiento en torno al caso Odebrecht, “la casa blanca” u otros. Andrés Manuel López Obrador, quien se distingue por traer como bandera el tema desde hace varios años, en una entrevista que le hizo Jorge Ramos en mayo señaló que en caso de ganar, en su gobierno prevalecerá el Estado de Derecho y “no va haber persecución”.
José Antonio Meade, en una entrevista que concedió al diario El País el día 2 del mes en curso, a pregunta si investigaría casos de corrupción de la administración de Peña Nieto, sin importar quiénes estuvieran involucrados, respondió: “Tenemos que movernos en un esquema en el que la pregunta no sea válida. Un esquema que funcione para todos, en donde el acceso a la justicia y a la rendición de cuentas sea igual para cualquier funcionario. Vamos a funcionar bien cuando la pregunta deje de tener mérito”.
Por su parte, Ricardo Anaya -en entrevista realizada por El País el 13 del mes en curso- a cuestionamiento sobre si para combatir la corrupción estaría dispuesto a investigar “cualquier caso de esta administración o de las anteriores panistas afecte a quien afecte”, señaló: “A diferencia de Meade y de López Obrador contesto que sí, tope con quien tope”. No obstante, Anaya es acusado por miembros de su propio partido de haber incurrido en actos de corrupción para la precandidatura. Asimismo, existe una denuncia ante la fiscalía por el incremento de sus bienes, al igual que en el SAT por posibles delitos de carácter fiscal.
Tratándose de los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, si bien se declaran en contra de la corrupción, especialmente por la que ha impulsado el PRI, no se han expresado respecto a las acusaciones que versan sobre Peña Nieto. Muchos critican a quien fuera la “primera dama” por su pasividad o complicidad ante los excesos de su esposo, particularmente por aquellos en que éste incurrió al declararle la guerra al narcotráfico. Y pesan acusaciones contra “El Bronco” por la utilización de fondos públicos para la obtención de firmas para la candidatura, así como por enriquecimiento inexplicable.
La verdad, en la carrera presidencial las declaraciones apuntan a que “la caballada está flaca”. En los temas más importantes, los candidatos deben ser más claros y precisos. Asimismo, conviene definan metas y tiempos para lograrlo. Mientras no lo hagan, quienes ejercemos el voto razonado nos mantendremos en el limbo.