Desempeño de Carstens
La Voz de la Frontera
Martes 12 de Diciembre de 2017
La salida de Agustín Carstens del Banco de México a partir del día primero de diciembre, si bien obedece a la oportunidad de dirigir a una de las instituciones financieras internacionales más prestigiadas, el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), lamentablemente se da cuando la inflación anualizada en nuestro país llega a un máximo nivel en los últimos 16 años, impulsada por los incrementos en los energéticos como son gasolinas, gas y electricidad.
De acuerdo con el Inegi, en noviembre la inflación anual alcanzó 6.6%, la cifra más elevada desde mayo de 2001 cuando fue de casi 7%.
Carstens no sólo se lleva un mal sabor de boca por este resultado, sino también por el pronóstico fallido de fines de octubre cuando señaló que la inflación en la primera quincena había llegado a su máximo y que el país ya estaba en camino a la meta de 3% esperada para 2018.
Algunos dirán que el escenario anterior no hace justicia a la labor de quien hasta hace unos días fuera el gobernador del Banco Central. Sin embargo, habrá que recordarles que la responsabilidad de evitar que ello se diera recaía precisamente en éste. El artículo 28 de nuestra Constitución Política establece que el objetivo prioritario del organismo “será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado”.
Desde que se anunció el llamado “gasolinazo”, muchos economistas sabíamos que la medida tendría efectos inflacionarios y nos expresamos al respecto. Sugerimos que si dicha política era inevitable, al menos debía hacerse de manera gradual, pues los energéticos intervienen en todas las cadenas productivas.
La postura del Banco Central fue tibia. Carstens, lejos de hacer un llamado a la reflexión al gobierno federal y sugerir un ajuste gradual, se limitó a reconocer que habría una mayor inflación. Asimismo, que sería de manera transitoria y que no esperaba un impacto generalizado. Otorgó su aval al referir que era adecuada al formar parte de las reformas estructurales y recordó que la institución estaría vigilante para responder en caso de ver un peligro de afectación en las expectativas de inflación a mediano y largo plazo.
Sin decirlo abiertamente, se refería a la posibilidad de responder al aumento generalizado de precios con cambios en la política monetaria. En particular, con ajustes a las tasas de interés. Pero hay que ser claros: Estas decisiones no sólo implican afectaciones a los mercados financieros, sino al consumo, al gasto público y, en general, al crecimiento económico.
En este contexto, la desaceleración económica de este año es atribuible, en parte al ajuste de las tasas de interés. Y si bien es cierto que detrás están también las decisiones de la Reserva Federal (Fed), el comportamiento del tipo de cambio y la incertidumbre en torno a la renegociación del TLCAN, no puede soslayarse el hecho que los ajustes pudieron ser menores si los precios de los combustibles no se hubiesen disparado en la forma que lo hicieron.
En mi opinión, la meta de inflación del Banco de México no ha sido la adecuada desde hace años. Y es que mantener un margen de variación de 100%, al definir que debe estar comprendida entre 2 y 4%, ha dado lugar a una política monetaria laxa que se refleja en que los resultados obtenidos estén cerca o por arriba del límite superior en vez del inferior.
Para cumplir con el mandato constitucional y en tanto nuestro principal socio comercial no rebase una inflación de 2%, el objetivo debiera ser de 2 a 3%. Ésta no sólo se traduciría en mayor estabilidad del poder adquisitivo, sino en proteger la paridad de nuestra moneda.
Carstens pudo contribuir a que la inflación fuera menor este año, pero su pasado como secretario de Hacienda quizá se lo impidió. Y es que resulta difícil para un economista desligarse por completo de las contradicciones que existen entre el crecimiento estable y el crecimiento con inflación. La autonomía del Banco Central debía servir para evitar estos conflictos, pero aparentemente no fue suficiente, al menos en este 2017.
Martes 12 de Diciembre de 2017
La salida de Agustín Carstens del Banco de México a partir del día primero de diciembre, si bien obedece a la oportunidad de dirigir a una de las instituciones financieras internacionales más prestigiadas, el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), lamentablemente se da cuando la inflación anualizada en nuestro país llega a un máximo nivel en los últimos 16 años, impulsada por los incrementos en los energéticos como son gasolinas, gas y electricidad.
De acuerdo con el Inegi, en noviembre la inflación anual alcanzó 6.6%, la cifra más elevada desde mayo de 2001 cuando fue de casi 7%.
Carstens no sólo se lleva un mal sabor de boca por este resultado, sino también por el pronóstico fallido de fines de octubre cuando señaló que la inflación en la primera quincena había llegado a su máximo y que el país ya estaba en camino a la meta de 3% esperada para 2018.
Algunos dirán que el escenario anterior no hace justicia a la labor de quien hasta hace unos días fuera el gobernador del Banco Central. Sin embargo, habrá que recordarles que la responsabilidad de evitar que ello se diera recaía precisamente en éste. El artículo 28 de nuestra Constitución Política establece que el objetivo prioritario del organismo “será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado”.
Desde que se anunció el llamado “gasolinazo”, muchos economistas sabíamos que la medida tendría efectos inflacionarios y nos expresamos al respecto. Sugerimos que si dicha política era inevitable, al menos debía hacerse de manera gradual, pues los energéticos intervienen en todas las cadenas productivas.
La postura del Banco Central fue tibia. Carstens, lejos de hacer un llamado a la reflexión al gobierno federal y sugerir un ajuste gradual, se limitó a reconocer que habría una mayor inflación. Asimismo, que sería de manera transitoria y que no esperaba un impacto generalizado. Otorgó su aval al referir que era adecuada al formar parte de las reformas estructurales y recordó que la institución estaría vigilante para responder en caso de ver un peligro de afectación en las expectativas de inflación a mediano y largo plazo.
Sin decirlo abiertamente, se refería a la posibilidad de responder al aumento generalizado de precios con cambios en la política monetaria. En particular, con ajustes a las tasas de interés. Pero hay que ser claros: Estas decisiones no sólo implican afectaciones a los mercados financieros, sino al consumo, al gasto público y, en general, al crecimiento económico.
En este contexto, la desaceleración económica de este año es atribuible, en parte al ajuste de las tasas de interés. Y si bien es cierto que detrás están también las decisiones de la Reserva Federal (Fed), el comportamiento del tipo de cambio y la incertidumbre en torno a la renegociación del TLCAN, no puede soslayarse el hecho que los ajustes pudieron ser menores si los precios de los combustibles no se hubiesen disparado en la forma que lo hicieron.
En mi opinión, la meta de inflación del Banco de México no ha sido la adecuada desde hace años. Y es que mantener un margen de variación de 100%, al definir que debe estar comprendida entre 2 y 4%, ha dado lugar a una política monetaria laxa que se refleja en que los resultados obtenidos estén cerca o por arriba del límite superior en vez del inferior.
Para cumplir con el mandato constitucional y en tanto nuestro principal socio comercial no rebase una inflación de 2%, el objetivo debiera ser de 2 a 3%. Ésta no sólo se traduciría en mayor estabilidad del poder adquisitivo, sino en proteger la paridad de nuestra moneda.
Carstens pudo contribuir a que la inflación fuera menor este año, pero su pasado como secretario de Hacienda quizá se lo impidió. Y es que resulta difícil para un economista desligarse por completo de las contradicciones que existen entre el crecimiento estable y el crecimiento con inflación. La autonomía del Banco Central debía servir para evitar estos conflictos, pero aparentemente no fue suficiente, al menos en este 2017.