Procesos Legislativos con Dolo
La Voz de la Frontera
Martes 28 de Noviembre de 2017
La semana pasada ocurrieron dos procesos legislativos que confirman la decadencia de las instituciones en México. A nivel federal, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Ley de Seguridad Interior (LSI) disposición que abre la puerta al autoritarismo, la discrecionalidad y una mayor violación de los derechos humanos.
A nivel local, en lo que puede calificarse como un clásico albazo, los legisladores de Baja California aprobaron el Dictamen 95, disposición que permite endeudar al Estado por más de 82 mil millones de pesos utilizando la figura de asociación público-privada.
Si bien la LSI tiene como propósito formalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia y combate a la delincuencia, práctica que ocurre desde que Felipe Calderón decidió declararle la guerra al crimen organizado, la verdad es que representa un reconocimiento tácito al fracaso de las políticas públicas orientadas a la moralización y profesionalización de los cuerpos policiales.
Durante mucho tiempo, organizaciones sociales nacionales y extranjeras, aunado a investigadores, profesionistas y representantes políticos, hemos externado oposición a un mandamiento de esta naturaleza. En primer lugar, porque autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar una tarea de manera permanente cuando se dijo que sería de carácter temporal. Además, dado que la seguridad pública no corresponde a la función primordial de los ejércitos. En segundo término, porque difiere la responsabilidad de los Estados y municipios en cuanto a llevar a cabo las acciones necesarias y urgentes que mejoren todo lo relacionado a los procesos de procuración de justicia en el ámbito de sus respectivas competencias. Y tercero, a que permite violar derechos a la privacidad al facultar a la milicia a obtener y almacenar información sobre cualquiera, ya sea que la obtenga de manera directa o a través de las distintas autoridades obligadas a proporcionarla.
La LSI será analizada y en su caso aprobada por la Cámara de Senadores en fecha próxima. De ahí que debemos exigir que efectúe una revisión a fondo que corrija aquello que los diputados aprobaron sin consideración alguna.
Por su parte, los legisladores bajacalifornianos merecen el reproche de la sociedad, no sólo por el contenido del dictamen que aprobaron, sino la forma en que lo hicieron. El mecanismo tipo “fast track” estuvo precedido de invitaciones selectivas, con una premura que imposibilitó a quienes estaban en contra poder asistir a la sesión, cuyo único objetivo era aprobar lo que la mayoría de los ciudadanos habíamos rechazado. Fue una estrategia propia de las épocas más antidemocráticas que ha vivido el país: Un autoritarismo en todo su apogeo.
Los representantes de los partidos de oposición han señalado que buscarán anular por la vía judicial el dictamen, pues consideran que se violaron los procedimientos. Por su parte, los representantes del PAN señalan que todo se hizo conforme a Derecho, pero aun si así fuera, ello no justifica el dolo detrás de ello.
Vivimos tiempos difíciles. Al igual que en otros países, crece el riesgo de volver a ver regímenes fascistas. La LSI puede convertirse en un aliciente para ello. Igualmente, seguir con prácticas parlamentarias “al vapor” que pasan por alto la sana discusión y reflexión de lo que se busca legislar.
Los ciudadanos debemos estar atentos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo.
Martes 28 de Noviembre de 2017
La semana pasada ocurrieron dos procesos legislativos que confirman la decadencia de las instituciones en México. A nivel federal, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Ley de Seguridad Interior (LSI) disposición que abre la puerta al autoritarismo, la discrecionalidad y una mayor violación de los derechos humanos.
A nivel local, en lo que puede calificarse como un clásico albazo, los legisladores de Baja California aprobaron el Dictamen 95, disposición que permite endeudar al Estado por más de 82 mil millones de pesos utilizando la figura de asociación público-privada.
Si bien la LSI tiene como propósito formalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia y combate a la delincuencia, práctica que ocurre desde que Felipe Calderón decidió declararle la guerra al crimen organizado, la verdad es que representa un reconocimiento tácito al fracaso de las políticas públicas orientadas a la moralización y profesionalización de los cuerpos policiales.
Durante mucho tiempo, organizaciones sociales nacionales y extranjeras, aunado a investigadores, profesionistas y representantes políticos, hemos externado oposición a un mandamiento de esta naturaleza. En primer lugar, porque autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar una tarea de manera permanente cuando se dijo que sería de carácter temporal. Además, dado que la seguridad pública no corresponde a la función primordial de los ejércitos. En segundo término, porque difiere la responsabilidad de los Estados y municipios en cuanto a llevar a cabo las acciones necesarias y urgentes que mejoren todo lo relacionado a los procesos de procuración de justicia en el ámbito de sus respectivas competencias. Y tercero, a que permite violar derechos a la privacidad al facultar a la milicia a obtener y almacenar información sobre cualquiera, ya sea que la obtenga de manera directa o a través de las distintas autoridades obligadas a proporcionarla.
La LSI será analizada y en su caso aprobada por la Cámara de Senadores en fecha próxima. De ahí que debemos exigir que efectúe una revisión a fondo que corrija aquello que los diputados aprobaron sin consideración alguna.
Por su parte, los legisladores bajacalifornianos merecen el reproche de la sociedad, no sólo por el contenido del dictamen que aprobaron, sino la forma en que lo hicieron. El mecanismo tipo “fast track” estuvo precedido de invitaciones selectivas, con una premura que imposibilitó a quienes estaban en contra poder asistir a la sesión, cuyo único objetivo era aprobar lo que la mayoría de los ciudadanos habíamos rechazado. Fue una estrategia propia de las épocas más antidemocráticas que ha vivido el país: Un autoritarismo en todo su apogeo.
Los representantes de los partidos de oposición han señalado que buscarán anular por la vía judicial el dictamen, pues consideran que se violaron los procedimientos. Por su parte, los representantes del PAN señalan que todo se hizo conforme a Derecho, pero aun si así fuera, ello no justifica el dolo detrás de ello.
Vivimos tiempos difíciles. Al igual que en otros países, crece el riesgo de volver a ver regímenes fascistas. La LSI puede convertirse en un aliciente para ello. Igualmente, seguir con prácticas parlamentarias “al vapor” que pasan por alto la sana discusión y reflexión de lo que se busca legislar.
Los ciudadanos debemos estar atentos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo.